Por: Carlos Meneses

En un contexto en que el país demanda jueces y fiscales probos, imparciales y comprometidos con el interés público, esta iniciativa puede marcar un antes y un después. La justicia no es un asunto exclusivo de tribunales ni de códigos; es, sobre todo, un pacto de confianza entre el Estado y los ciudadanos. Aprovechar esta convocatoria y usarla con responsabilidad es una oportunidad para empezar a reconstruir ese pacto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha abierto un espacio para que la ciudadanía participe activamente en la evaluación y ratificación de 300 jueces y fiscales de todo el país. Se trata de un paso relevante en un momento en que la confianza pública en el sistema judicial sigue siendo frágil y los cuestionamientos a la idoneidad y comportamiento ético de varios magistrados se mantienen en agenda. La convocatoria, vigente hasta el 15 de octubre, permitirá que cualquier persona, colectivo u organización aporte información sobre la conducta, desempeño y trayectoria de magistrados con más de siete años de servicio.

No se trata de un mero trámite burocrático. La participación ciudadana, bien canalizada y sustentada, puede convertirse en un instrumento poderoso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la justicia. Por años, los procesos de ratificación de jueces y fiscales se han percibido como opacos, reservados únicamente a las instancias del Estado, sin un verdadero contrapeso social. Incorporar la voz de la ciudadanía no solo democratiza estos procedimientos, sino que también introduce información que las entidades oficiales podrían no tener a la vista.

El mecanismo, además, es sencillo. No se requiere abogado ni pago de tasa alguna; basta presentar los datos del denunciante, identificar al magistrado en cuestión y fundamentar mínimamente la información. La JNJ ha previsto incluso que se respete la reserva de la identidad de quien aporte datos, lo que constituye una garantía frente a posibles represalias. Este detalle es importante en un país donde, lamentablemente, quienes denuncian malas prácticas suelen enfrentar presiones o amenazas.

Sin embargo, la sola apertura del proceso no garantiza resultados. Es indispensable que la ciudadanía se informe y participe con responsabilidad, evitando denuncias infundadas o motivadas por intereses personales. La credibilidad de esta herramienta depende de que se use con rigor y buena fe. De lo contrario, podría convertirse en un campo de acusaciones anónimas que no contribuyan a la depuración del sistema judicial.

Al mismo tiempo, la JNJ tiene el desafío de procesar con transparencia y celeridad la información recibida. Solo así se reforzará la confianza en que la participación ciudadana no es una formalidad, sino un insumo real en la evaluación de quienes administran justicia.