Por: Carlos Meneses

El país clama por seguridad, no por discursos. Escuchar, actuar y proteger son los tres verbos que el Gobierno debe conjugar hoy, antes de que el miedo siga devorando la esperanza de los peruanos.

El reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana refleja una verdad que el país ya no puede ignorar: la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles insoportables, y el miedo se ha instalado en la vida diaria de millones de peruanos. El llamado de los obispos a “escuchar con apertura y responsabilidad” el reclamo de los transportistas no es un gesto político, sino una apelación moral ante un Estado que parece haber perdido la capacidad de garantizar lo más básico: el derecho a vivir sin temor.

El transporte, uno de los sectores más expuestos al crimen, se ha convertido en símbolo del desamparo nacional. Sicariato, extorsión, cobros de cupos, amenazas y asesinatos forman parte de una realidad cotidiana que golpea a choferes, cobradores, mototaxistas y pasajeros. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, solo entre enero y agosto de este año, 180 trabajadores del transporte fueron asesinados. Son muertes que no pueden pasar como simples cifras: detrás de cada una hay familias destrozadas, comunidades que viven en zozobra y un Estado que no llega a tiempo.

El cardenal afirmó con claridad: la raíz de la protesta está en el abandono. Cuando la autoridad no escucha, la desesperación se convierte en grito y, a veces, en conflicto. Por eso, no basta con condenar el paro o apelar al orden público; se requiere una respuesta integral y urgente que recupere la confianza perdida. Los transportistas no reclaman privilegios, exigen sobrevivir.

El Gobierno no puede limitarse a pedir calma mientras la delincuencia se organiza con eficiencia. Se necesita una política nacional de seguridad real, sostenida y transparente. No más parches ni declaraciones vacías. La Policía requiere recursos, inteligencia operativa y respaldo político, pero también una coordinación efectiva con municipios y fiscalías para desarticular redes criminales que ya dominan rutas y barrios enteros.

La Conferencia Episcopal, al invocar la unidad nacional frente al miedo, recuerda que la paz no se decreta: se construye con justicia, empatía y presencia del Estado. No podemos resignarnos a vivir tras las rejas, ni a aceptar que salir a trabajar sea un acto de valentía.