Proponen uso obligatorio de sistemas de geolocalización. Plataforma digital permitiría seguir la ruta del mineral hasta su destino.

¿QUÉ PROPONE EL NUEVO PROYECTO DE LEY?   

El Congreso de la República se alista a debatir el Proyecto de Ley N.° 12685/2025-CR, una iniciativa legislativa que propone establecer la obligatoriedad del uso de sistemas de geolocalización (GPS) en el transporte de oro y otros minerales.
La iniciativa plantea el uso obligatorio de GPS, en tiempo real, a los vehículos que trasladan oro y otros minerales concentrados a lo largo del territorio nacional.

La Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa, ya incluyó esta propuesta en su agenda.

El proyecto busca enfrentar una problemática que ha desbordado las capacidades del Estado: la falta de trazabilidad en la cadena logística minera, situación que ha favorecido el avance de la minería ilegal, el lavado de activos y la evasión tributaria.

La iniciativa no solo exige el monitoreo permanente de los trayectos, sino también la creación de una Plataforma Nacional de Trazabilidad Minera, que centralice y procese la información recopilada por los sistemas GPS instalados en los vehículos.
Asimismo, la plataforma, bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas (Minem), operará en coordinación con entidades clave como la Sunat, Sucamec y el Ministerio Público.

“El objetivo es garantizar un seguimiento integral del mineral, desde su origen hasta su destino final”, indica la exposición de motivos del proyecto. Los sistemas de geolocalización deberán registrar rutas, tiempos de tránsito, desvíos no autorizados y paradas, todo ello compatible con la plataforma que manejará el Minem.

Además de facilitar la fiscalización, esta herramienta tecnológica permitirá a las instituciones competentes intercambiar datos en tiempo real, identificar irregularidades y prevenir el desvío de recursos hacia circuitos ilegales.

Desde el Congreso, los promotores de la ley consideran que esta medida representa un paso decisivo hacia una fiscalización más rigurosa.

De aprobarse, el reglamento de la ley establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de las empresas mineras y transportistas, así como sanciones administrativas por incumplimiento. Dichas multas podrían escalar hasta la suspensión temporal de operaciones o el decomiso de la carga cuando se detecte transporte sin dispositivos GPS o con manipulación del sistema.

El proyecto también prevé un registro oficial de vehículos autorizados para el traslado de minerales, que estará vinculado con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). De esta manera, se busca cerrar los vacíos que hoy permiten que cargamentos de procedencia informal se mezclen con la producción legal, afectando tanto la recaudación fiscal como la competitividad del sector formal.

Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), saludaron la iniciativa y pidieron que su implementación no implique sobrecostos para las empresas que ya cumplen con la normativa vigente. “La trazabilidad es una herramienta clave para combatir la ilegalidad, pero debe aplicarse con criterios técnicos, interoperabilidad de sistemas y gradualidad, para no afectar la competitividad de los productores formales”, señalaron voceros del gremio. También recomendaron fortalecer la fiscalización en los corredores mineros y las zonas de procesamiento donde el control del Estado sigue siendo limitado.