Expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani.

Por Rocío Velazco C.

El Perú atraviesa nuevamente un punto de inflexión en su historia republicana. La madrugada de ayer, el Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, poniendo fin a un periodo de tensiones políticas, cuestionamientos éticos y un creciente malestar ciudadano ante la falta de resultados en seguridad, economía y gobernabilidad. En medio de la agitación, el jurista Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional y reconocido constitucionalista arequipeño, analizó los alcances, los riesgos y los desafíos que abre este nuevo proceso de transición política.

CRISIS Y TRANSICIÓN

Esta decisión tiene un claro marco constitucional —señala Urviola—, pero también revela el costo político de la ineficacia. “No se trata solo de una cuestión legal, sino del reflejo de un hartazgo nacional ante un gobierno que no logró dar resultados ni en seguridad ni en crecimiento económico. La vacancia, aunque legítima, muestra que el sistema político ha perdido capacidad para sostener gobiernos estables y eficientes”.

El Congreso basó su decisión en la causal de “permanente incapacidad moral”, una figura que, según Urviola, continúa siendo “una cláusula abierta y de interpretación amplia”, lo que genera un debate permanente sobre su uso.

“El artículo 113 de la Constitución es genérico. No define qué debe entenderse por incapacidad moral, lo que permite al Congreso interpretarla según el contexto político. En este caso, los hechos acumulados —como el uso de relojes de lujo, una cirugía estética en medio de una crisis, y la ausencia de resultados en políticas públicas— fueron vistos por la mayoría como muestra de falta de idoneidad moral y política para continuar en el cargo”, explica el exmagistrado.

Urviola advierte, sin embargo, que si bien la medida se ajusta al procedimiento constitucional, existen cuestionamientos válidos sobre el derecho de defensa de la expresidenta.

“Toda persona, incluso quien ejerce la más alta magistratura, tiene derecho a un proceso justo y a un tiempo razonable para ejercer su defensa. En este caso, el debate y la votación se desarrollaron de forma acelerada. Hubiese sido preferible, por prudencia, permitirle exponer sus argumentos en una sesión posterior”, apuntó.

Pese a ello, el jurista reconoce que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones y que la votación —muy por encima de los dos tercios requeridos— da legitimidad formal al resultado. “La decisión está enmarcada en la Constitución, y hasta ahora, la expresidenta no ha cuestionado públicamente su legalidad. Eso es saludable para la estabilidad institucional”, indicó.

EL PESO DE LA INEFICACIA Y BÚSQUEDA DEL FAVOR ELECTORAL

Urviola sostiene que el amplio respaldo a la vacancia responde también a un cálculo político de los partidos con representación parlamentaria. “Las fuerzas políticas han querido congraciarse con el electorado en los tramos finales del periodo. Hay una lectura clara: castigar la ineficiencia. Se ha querido enviar un mensaje de mano firme frente a una gestión que no ofrecía resultados tangibles, especialmente en seguridad y reactivación económica”.

Sin embargo, advierte que esta motivación “no necesariamente fortalece la institucionalidad”. Para el constitucionalista, el uso reiterado de la vacancia como herramienta de corrección política “refleja un síntoma grave del sistema”: la incapacidad del país para construir gobiernos que duren y gobiernen con legitimidad.

“En los últimos seis años, hemos tenido seis presidentes. Cada uno ha sido víctima de la desconfianza institucional y de la fragmentación política. La vacancia no puede seguir siendo la válvula de escape para la frustración ciudadana. Es constitucional, sí, pero no debe convertirse en costumbre”, remarca.

RETO DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Con la destitución de Boluarte, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la presidencia de la República en una ceremonia breve pero simbólica. En su discurso, prometió reconciliación, pacificación y elecciones transparentes en abril de 2026.

Urviola considera que el principal desafío del nuevo gobierno será “restablecer la confianza ciudadana”. “Este gobierno no tiene tiempo que perder. La prioridad es garantizar un proceso electoral limpio, transparente y seguro. La violencia, la criminalidad y la corrupción están en niveles alarmantes, y el Estado no puede mostrarse débil frente al crimen organizado”, enfatizó.

El constitucionalista se mostró especialmente preocupado por la inseguridad, que considera “el mayor enemigo de la democracia”. Recordó que el reciente atentado contra una agrupación musical en Chorrillos, así como los ataques a empresarios, transportistas y funcionarios, demuestran que la violencia se ha expandido a todos los niveles. “Si el gobierno no actúa con firmeza, podríamos llegar a un escenario en el que incluso los candidatos electorales estén en riesgo, como ocurrió en Ecuador y Colombia. Esa amenaza no es remota”, alertó.

JUDICIALIZACIÓN Y PROCESO PENALES

Respecto a las posibles acciones legales de la exmandataria, Urviola explica que la presentación de un recurso de amparo ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional es viable, pero poco probable que prospere. “La vacancia es un acto político, no un acto administrativo. Es una decisión del Congreso dentro de su competencia exclusiva. Aunque puede discutirse su motivación o rapidez, no hay vulneración manifiesta del orden constitucional”.

Además, recordó que, pese a perder su inmunidad, Boluarte mantiene una protección especial por cinco años después de dejar el cargo frente a acusaciones por delitos de función. Sin embargo, sí puede ser investigada por hechos anteriores a su mandato. “El impedimento de salida del país anunciado por la Fiscalía probablemente se vincule a un delito común, no a uno de función. En ese caso, la investigación procede sin restricciones”, explicó.

El jurista añadió que el Ministerio Público puede iniciar o continuar diligencias preliminares, e incluso preparatorias, siempre que respete los fueros constitucionales. “La justicia debe actuar con serenidad, sin persecución política, pero con firmeza. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó.

REFLEXIÓN INSTITUCIONAL

Urviola, férreo defensor del retorno a la bicameralidad, planteó una hipótesis interesante: “Si el Perú contara hoy con un Senado, probablemente la historia sería otra. Habría voces más prudentes que habrían sugerido una salida menos traumática, quizá una crisis ministerial, no presidencial”.

Según su análisis, la existencia de una cámara alta podría haber permitido canalizar el descontento político mediante el cambio del gabinete o la convocatoria a un gobierno de unidad nacional, sin llegar al extremo de la vacancia. “Los sistemas bicamerales suelen ser más reflexivos. En cambio, un Congreso unicameral, dominado por la coyuntura y la presión mediática, tiende a actuar con impulsividad”, comentó.

El constitucionalista subraya que cada crisis política trae un alto costo para el país. “Cambiar de presidente cada año genera desconfianza, ahuyenta inversiones y debilita la gobernabilidad. La estabilidad institucional también es un componente económico”, sostiene.

ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA ESPERANZA

A pocos meses de las elecciones, Urviola considera que el país ingresa a un periodo decisivo. “La incertidumbre es grande, pero el Perú tiene reservas morales y humanas para salir adelante. Este es un momento para la reflexión, no para la revancha política. Debemos mirar hacia adelante con serenidad, y sobre todo, con responsabilidad”.

El jurista hizo una invocación al electorado para que asuma su rol con madurez. “La próxima elección debe ser un acto de conciencia. No podemos seguir votando por simpatías o por promesas vacías. El país necesita líderes con solvencia moral, técnica y compromiso real con los problemas de la gente”.

Entre los temas prioritarios, mencionó la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la creación de empleo y la infraestructura. “El Perú tiene todas las condiciones para prosperar: una geografía privilegiada, una juventud talentosa, recursos naturales y una ubicación estratégica. Pero si seguimos eligiendo mal, todo ese potencial se desperdicia”, subrayó.

CIUDADANÍA Y RECONCILIACIÓN

Urviola insiste en que la salida de la crisis no depende únicamente de los políticos. “El país necesita una reconciliación nacional, no un nuevo enfrentamiento. Esa reconciliación comienza en la sociedad: en la familia, en la escuela, en los medios. Necesitamos revalorar la honestidad y el respeto al orden legal”, dijo.

El expresidente del Tribunal Constitucional recordó que, en tiempos de transición, el respeto al orden jurídico es esencial. “No hay democracia sin ley. Los ciudadanos deben exigir que los líderes actúen dentro del marco constitucional, pero también deben cumplir sus deberes cívicos. La reconstrucción del país empieza por la responsabilidad individual”.

Finalmente, el jurista hizo un llamado a mirar el futuro con esperanza: “El Perú ha pasado por crisis más graves y siempre ha salido adelante. Lo importante ahora es que esta transición sea el inicio de una etapa de madurez política, donde se elijan a los mejores y donde el Estado funcione al servicio del ciudadano. No hay tiempo para más errores”.