Por: Carlos Meneses

El Perú necesita serenidad, pero también decisión. Necesita unidad, pero no complacencia. La estabilidad no se decreta: se construye día a día, con liderazgo, responsabilidad y sentido de Estado. Ese es el mensaje que hoy debe resonar desde el empresariado, la sociedad civil y las autoridades. Solo así podremos recuperar lo esencial: la esperanza y el trabajo de los peruanos.

La nueva crisis política que enfrenta el país vuelve a colocar al Perú ante un dilema conocido, pero no menos peligroso: el de la inestabilidad permanente. Entre mociones de vacancia, gabinetes efímeros y enfrentamientos entre poderes del Estado, los grandes temas nacionales —seguridad, empleo, inversión y servicios básicos— quedan relegados a un segundo plano.

En este contexto, el reciente pronunciamiento de Perucámaras no solo es oportuno, sino necesario, ha hecho un llamado a la serenidad, la responsabilidad y la unidad nacional. No se trata de un mensaje político, sino de una advertencia económica y social. La inestabilidad no es un asunto abstracto: impacta directamente en el bolsillo de los peruanos, en la confianza de los inversionistas y en la capacidad del Estado para ejecutar obras y generar empleo. Cada episodio de crisis erosiona la confianza, paraliza decisiones empresariales y posterga oportunidades de desarrollo.

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2025–2028, la inseguridad ciudadana representará este año un costo de S/ 19 800 millones, un monto que revela la magnitud del problema. No hay crecimiento sostenible en un país donde la violencia y la delincuencia avanzan a la par del desconcierto político. El costo de la inseguridad, sumado al de la incertidumbre institucional, es un lastre que frena a las regiones y acentúa la desigualdad.

Diversos sectores, insisten que el Perú necesita un gabinete de transición con solvencia técnica, vocación de servicio y libre de cuotas partidarias. No es un pedido menor. Es un reclamo por una conducción política que priorice el interés nacional sobre la repartición de poder. La crisis actual no se resolverá con nombres ni discursos, sino con gestión, transparencia y una hoja de ruta que devuelva previsibilidad al país.

Recordaron que se suele olvidar en medio del ruido político: la gobernabilidad económica depende de la estabilidad institucional. Los indicadores macroeconómicos pueden resistir durante un tiempo, pero la confianza de los agentes económicos no. El empleo formal, las inversiones regionales y los proyectos de infraestructura requieren certezas, reglas claras y un horizonte político estable.

El llamado a la serenidad y la unidad no implica pasividad. Implica responsabilidad. Implica entender que la confrontación permanente —ya sea desde el Congreso, el Ejecutivo o los partidos— tiene un costo que todos terminamos pagando. Si algo ha demostrado la historia reciente es que el deterioro de la confianza pública no distingue clases sociales ni sectores: afecta tanto al pequeño emprendedor como a las grandes empresas, tanto al trabajador formal como al informal.

La voz de estos sectores debe ser escuchada no solo como una alerta económica, sino como una exhortación ética. El país no puede seguir atrapado en ciclos de vacancias, renuncias y crisis sin rumbo. Es momento de recomponer el diálogo político, restablecer la confianza institucional y garantizar la seguridad que demandan los ciudadanos y los inversionistas.