Por Jorge Turpo R. Foto: Jorge Esquivel Z.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, asegura que ningún proyecto estratégico será detenido por el cambio de gobierno. Advierte que las regiones actuarán en bloque para defender la inversión pública y la gobernabilidad. Habla de Majes II, el IREN Sur, los hospitales inconclusos, el puente de la autopista Arequipa–La Joya, la crisis del agua en Islay y su relación con José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, afirma que su gestión no permitirá retrocesos en los proyectos claves de la región pese al cambio político en el país. Sostiene que hay riesgos de que el nuevo gobierno sea capturado por intereses del Congreso, pero advierte que los gobernadores regionales presionarán para defender el presupuesto y la continuidad de obras.

También responde sobre las demoras en salud, los cuestionamientos a su área de logística, la crisis del agua en Islay y la lentitud en Majes II.

Gobernador, estamos en una coyuntura política especial tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como nuevo presidente. Usted dijo que espera que los grandes proyectos para Arequipa —IREN Sur, Goyeneche, Maritza Campos, Camaná— no se vean afectados. ¿No está siendo demasiado confiado?

—Nosotros tenemos una política de trabajo desde el primer día: articulación con los tres niveles de gobierno y con los poderes del Estado. Puede haber retrasos de 8 o 10 días por la transición, pero nada más. Te doy un ejemplo, el viernes se suscribió el contrato con el Gobierno de Japón para el financiamiento de la puesta a punto de Majes I. Eso se concretó porque el ministro está en funciones y el viceministro puede firmar, y porque el proyecto lo impulsó el Gobierno Regional de Arequipa.

Ya se dio la buena pro del IREN Sur. Hay un consorcio de Panamá con amplia experiencia según los estándares de la ANIN. Estamos en los 10 días para el consentimiento. Y te doy una primicia: el contrato del IREN Sur se firmará en Arequipa el sábado 25, a las 9 de la mañana, en el lugar donde se construirá la contingencia.

Pero eso ya sería con un nuevo ministro de Salud y con un Gobierno recién instalado. ¿No hay riesgo de que se detenga?

—No tiene por qué detenerse. Este es un proyecto impulsado por el Gobierno Regional de Arequipa, y el financiamiento también lo conseguimos nosotros a través de endeudamiento externo que canaliza el MEF. Eso no cambia porque haya nuevo ministro o presidente.

Pero usted sabe cómo es la política, llegan nuevos ministros y revisan todo. “Queremos ver qué se ha firmado”, dicen, y postergan. ¿Ese riesgo no existe?

—Estamos ante un Gobierno de transición y los que tenemos más tiempo de gestión somos los gobiernos regionales. Ningún gobierno de transición va a poner freno al desarrollo de las regiones. Además, el lunes tenemos reunión en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para fijar una posición.

¿Cuál será esa posición?

—Primero, apoyar la transición democrática y la gobernabilidad. Tenemos que respetar la ley y los procedimientos democráticos. Segundo, vamos a precisar que ningún proyecto regional debe detenerse, ni los financiados con recursos de las regiones ni los que vienen del Ejecutivo ni los de endeudamiento externo. Te doy otro ejemplo: ayer cerramos un acuerdo con el Banco Mundial por 331 millones de soles para turismo en el Colca y en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Eso sigue. Vamos a ejercer presión como gobiernos regionales. Somos elegidos por voto popular igual que el presidente. Le vamos a decir claramente a José Jerí: “Respete los acuerdos y los presupuestos ya comprometidos para las regiones”. Y además debe garantizar un proceso electoral transparente.

El mayor riesgo está en el Hospital Maritza Campos y el Hospital de Camaná. No se concreta hasta ahora la transferencia de los 280 millones.

—Eso ya está encaminado. Son procedimientos engorrosos en el MEF. Cuatro oficinas tenían que opinar; ayer lo hizo la última, la Oficina Legal. El lunes o martes el expediente pasa a Contraloría para la opinión previa y luego al Consejo de Ministros para su aprobación final. Inmediatamente arrancamos.

Pero puede llegar un nuevo ministro de Economía y decir: “Hay que revisar esto”. Ya ha pasado antes.

—No hay nada que revisar, sólo explicar. El endeudamiento afecta recursos futuros del Gobierno Regional, es decir, canon futuro. Solo en inversión minera tenemos comprometidos 6,954 millones de dólares en Pampas de Pongo, Zafranal, Tía María y la ampliación de Cerro Verde. Recursos hay. Además, este mecanismo ya se ejecutó en otros dos gobiernos regionales. El camino está probado.

¿Por qué la ejecución del Hospital Maritza Campos será por contratación directa? Eso genera suspicacias.

—Porque si hacemos una licitación pública, alguien presenta una queja en el OSCE y te paran la obra. La ley permite la contratación directa cuando la obra está paralizada. La Ley de Contrataciones lo autoriza. Por eso estamos impulsando con Contraloría el control concurrente, un acompañamiento permanente para garantizar transparencia sin frenar la obra.

Pero la contratación directa se hace por invitación. ¿Ya tienen las empresas? ¿No existe riesgo de direccionamiento?

—Empresas hay muchas. En infraestructura hospitalaria no hay problema. El reto está en el equipamiento médico especializado. Vamos a invitar empresas con verdadera experiencia. Y sí, siempre habrá sospecha en el sector público, pero vamos a cumplir con estándares y expediente aprobado. Además, el expediente ha sido revisado por Contraloría y es público. Nada que ocultar.

¿Y por qué los equipos médicos de Maritza Campos siguen almacenados y no se distribuyen a los hospitales?

—Ese es otro proceso. En Camaná, los equipos van directo al hospital antiguo. En Maritza Campos no. Hay equipos obsoletos, otros que deben actualizarse. Primero tenemos que incorporarlos al patrimonio del Gobierno Regional, luego pasarlos a GERESA, pero para eso falta una ordenanza regional con criterios técnicos de distribución. Eso ya está en su fase final y debe salir la próxima semana.

Hablemos del IREN Sur. ¿La firma del contrato está confirmada? ¿No depende de este cambio político?

—Confirmado. Ya lo dije: sábado 25 a las nueve de la mañana en Arequipa. No depende de ningún ministro ni presidente de turno. Es un proyecto gestionado por nosotros con financiamiento asegurado.

Pasemos a Majes Siguas II. Cada vez que venía el exministro Ángel Manero decía que ya conversarían con Cobra, que habría conciliación. Pero no pasa nada. ¿Cuál es la situación real?

—Este tema se define en estos días. Hay tres caminos. El primero: un privado está conversando con Cobra para comprar su parte y destrabar el proyecto. Esa opción está muy cerca de concretarse. Si no prospera, está la segunda alternativa: el Ejecutivo, a través del Minagri y con la empresa japonesa que ganó la buena pro de Majes I, asume la ejecución de Majes II. Ya hubo conversaciones y dieron luz verde. El tercer camino sería una nueva convocatoria, pero yo descarto llegar a eso. Vamos por la primera o la segunda opción.

Pero Cobra quiere ganar plata sin hacer nada. Busca un arbitraje y mientras tanto no mueve una piedra. Eso puede paralizar años la obra.

—No. Ese tema ya está aclarado. Un arbitraje internacional no puede frenar la ejecución de una obra. Las medidas cautelares no aplican ahí. Si Cobra va a arbitraje, puede ir, pero igual se ejecuta la obra con intervención directa o con quien asuma el contrato. Ya está decidido: Majes II se hace sí o sí.

Usted habla de una tercera etapa de Majes. ¿Eso existe realmente? Hay expertos, como el ingeniero Isaac Martínez, ex gerente de Autodema, que dicen que eso es un cuento porque no hay agua.

—Sí existe y hay agua. En la cuenca del Colca tenemos disponibilidad y también hay agua subterránea. Eso lo hemos investigado con la Universidad de Colorado. Hay agua para 30 años. Además, Japón usa tecnología altamente eficiente en riego presurizado y reconversión agrícola. Ya no vamos a seguir inundando chacras como hace 50 años. La tercera etapa suma 23 mil hectáreas y convierte a Majes en un proyecto de 84,500 hectáreas agrícolas.

PUENTE AREQUIPA – LA JOYA

Hablemos de la autopista Arequipa–La Joya. El puente otra vez está paralizado. Contraloría dice que no se cumplirá el plazo. ¿Qué pasa ahí?

—El problema es la empresa contratista. Está prácticamente quebrada. Ha tenido arbitrajes y conflictos con proveedores. Rescindimos el contrato anterior, entramos a conciliación para evitar denuncias y ahora vamos a terminar el puente por administración directa. Solo falta el vaciado de losas, la plataforma y barandas. Es un avance del 95%. No vamos a permitir más retrasos.

Pero falta un estudio para saber si los pilares, las estructuras del puente resisten. Algunos dicen que eso podría detener nuevamente la obra.

—Eso es independiente. El puente se va a terminar con el expediente técnico vigente, el mismo con el que se aprobó. Eso es ley. Otra cosa es que hagamos el estudio estructural adicional, que sí lo haremos, pero es paralelo y no afecta la ejecución.

El proyecto de los cuatro carriles en el Cono Norte se ha vuelto una obra eterna. ¿Cuál es el problema?

—Expedientes mal hechos en gestiones anteriores. No consideraron interferencias eléctricas de media y alta tensión, agua, desagüe, gas. Tuvimos que rehacer todo. Ahora ya está todo encaminado. Seal interviene esta semana para reubicar redes y nosotros estamos ejecutando un tramo por administración directa. El puente estará listo entre agosto y septiembre del próximo año bajo obras por impuestos.

En la carretera Chuquibamba–Cotahuasi también hay un reclamo enorme. ¿Por qué no se interviene esa vía?

—Ya no depende del Gobierno Regional. Ahora está en Provías Descentralizado. Nosotros hacemos mantenimiento con 13 millones de soles, pero la obra grande debe hacerla el MTC. Están incorporando su presupuesto para 2026–2027. Es una vía estratégica interregional que va hasta Ayacucho. No la podemos hacer nosotros solos porque cuesta más de 800 millones.

Entonces el mensaje es: “esperen”.

—No. El mensaje es: ya está en el plan de inversión del MTC. Eso significa que se va a hacer. No discursos, presupuesto programado.

Islay es otra herida abierta. Hay 60 mil personas tomando agua contaminada con metales pesados en el valle del Tambo. Usted ofreció plantas de ósmosis inversa pero nunca funcionaron.

—Hicimos pruebas y menos mal que las hicimos. Las plantas funcionaban sólo 8 o 10 días y luego se saturaban. Hubiera sido un fracaso gastar millones en algo que no sirve. La solución real es traer agua limpia de Yanapuquio. Ese expediente está en recta final con financiamiento para convocatoria, y además se hará la represa Tambo Bajo, bajo obras por impuestos. Esa es la única solución sostenible.

Pero Southern Perú hizo el estudio de una represa en la zona, pero dice que no va a financiar eso. ¿Se ha reunido con Oscar Gonzalez Rocha?

—Sí, y con el Minagri, la idea es que Southern participe bajo la modalidad de obras por impuestos. Las empresas deben pasar de filantropía a inversión social productiva. Ese es el nuevo enfoque: gobernanza territorial.

El Gobierno Regional tiene un asiento en el directorio de Sedapar y usted sabe que en Arequipa también hay riesgo de crisis de agua. Cada verano nos quedamos una semana sin agua. ¿Por qué no se soluciona el problema de Sedapar y el cambio de bocatomas?

—Ya lo hemos pedido desde el directorio de Sedapar. Además, vamos a intervenir con Autodema porque las represas están cerca de su vida útil y colmatadas. Si no actuamos, en seis o siete años Arequipa puede entrar en crisis de agua como Piura. Ya empezamos la represa Casablanca bajo obras por impuestos. El expediente técnico se entrega el 5 de diciembre y luego iniciamos ejecución. Va a asegurar agua para el Cono Norte y ampliar frontera agrícola en Yura.

CONTRATACIONES

¿Por qué su área de Logística ha sido un dolor de cabeza? Hubo un funcionario fugado y denuncias de corrupción. ¿Qué pasó ahí?

—Logística es un área muy sensible en todo el Estado. Hay mafias dentro y fuera. Rotamos personal constantemente, pero algunos llegan sanos y en 60 días ya están intentando “arreglar”. No hemos tenido corrupción en esta gestión. Ese caso viene de años anteriores, pero activamos control posterior con un equipo que revisa cada compra y reporta a la OCI.

Pero usted mantuvo a ese funcionario cuestionado en su cargo. ¿No fue un error político?

—No. Lo que sí hemos hecho es reforzar control interno y transparencia.

Se le ha criticado por la alta rotación de funcionarios en su gestión. ¿Por qué le costó tanto armar un equipo eficiente?

—Hay dos factores. Primero, el económico, un profesor principal de universidad gana más de 15 mil soles con bonos. Un gerente regional gana 7 mil. ¿Quién va a dejar estabilidad por un sueldo menor y además asumir denuncias y presión política? Segundo, la ley de idoneidad es una trampa. Para ser gerente te piden haber sido gerente tres años en el Estado. Entonces los buenos profesionales, que están en la actividad privada o en consultoría, no califican. Es absurdo. Esa ley hay que cambiarla. Si no, siempre vamos a rotar entre los mismos de siempre.

Ya casi se termina su tercer año de gestión y el Hospital Honorio Delgado sigue sin tomógrafo ni resonador. ¿Cómo se explica eso?

—Tomamos la decisión de invertir 113 millones de soles en el Honorio Delgado. Pero hay gente adentro a la que no le interesa mejorar la salud. Lo digo claro: hay intereses dentro de los hospitales. Por eso decidimos que la inversión se haga bajo obras por impuestos. Ya tenemos inversionista, tenemos estudios, pero ¿sabes quién retrasa? Los propios usuarios internos.

¿Quiénes son esos usuarios? ¿El director? ¿Los médicos? ¿Los administrativos?

—Los equipos tienen que tener especificaciones adecuadas. Logística hace estudio de mercado y dice: “hay equipos modernos”. Pero va al usuario y te responde: “no, quiero este otro equipo antiguo del 2021”. Hay resistencia al cambio. Les hemos dado ultimátum: si no firman ya, contratamos consultores externos y se hace igual.

Entonces, ¿cuándo llega el tomógrafo para el Honorio Delgado?

—El IOARR está aprobado. Falta la opinión final del usuario. Pero el inversionista ya está. Eso va. Es un proceso administrativo que va a Consejo Regional, luego a Contraloría y sigue su curso. Lamento que la burocracia retrase, pero va a salir este año.

¿Fue un error hacer tantas obras por administración directa? El colegio Gran Amauta que debió acabar en un año lleva tres años.

—No fue un error. Lo que pasó fue que los expedientes mal hechos venían de las municipalidades y supervisión del Gobierno Regional no fue rigurosa. Ahora ya está encaminado. La Contraloría corrigió con su directiva 017, para iniciar una obra hay que tener 80% de financiamiento asegurado. Eso evita que se pare por falta de dinero. Pero sí, hubo proveedores irresponsables que no cumplían y el OSCE no sanciona como debería. Eso también debe cambiar.

BOLUARTE

Hablemos de política nacional. ¿Lo sorprendió la vacancia de Dina Boluarte? Usted era uno de sus principales aliados regionales.

—No me sorprendió. Era una variable posible. El Congreso responde a intereses políticos. Nosotros como gobiernos regionales en 2023 garantizamos gobernabilidad, porque si entrábamos en confrontación el país se incendiaba. Lo dijimos entonces, primero la estabilidad, luego las elecciones.

En su momento usted también pidió adelanto de elecciones.

—Lo planteamos, pero no dependía de nosotros. El Congreso no quiso. Había que respetar el Estado de Derecho. Pero ahora estamos en una transición y nadie puede aprovecharse políticamente.

¿Va a tener con José Jerí la misma relación política que tuvo con Dina Boluarte?

—A José Jerí lo conocemos hace tiempo. Es un gobierno de transición y hay que trabajar. Nuestro presupuesto 2026 ya está garantizado. El 24 sustentamos ante la Comisión de Economía. ¿Qué queremos? Que se respeten las inversiones comprometidas: IREN Sur, autopista Arequipa–La Joya, Majes II, Yanapuquio, Casablanca, salud y educación.

Pero hay temor de que Jerí no gobierne, sino el Congreso y los grupos de poder detrás: fujimorismo, APP, Bloque Magisterial. ¿Comparte esa preocupación?

—Sí, hay un riesgo grande. Pueden querer capturar el gobierno para llegar con ventaja a las elecciones. Pero por eso decimos que los gobiernos regionales vamos a garantizar la gobernabilidad y la transición democrática. No vamos a permitir que se manipule el presupuesto ni se paralicen las obras. Vamos a presionar para que José Jerí respete el presupuesto regional y los proyectos en marcha.

¿Habrá posiciones firmes?

—Claro. No vamos a permitir que se castigue a las regiones. Si el Gobierno no respeta lo acordado, tomaremos decisiones en bloque como Asamblea de Gobiernos Regionales. Ese es el mensaje.