Por Carlos Meneses

El reciente fallo del Poder Judicial que declara infundado el pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte vuelve a colocar en el centro del debate el equilibrio entre la autonomía de las instituciones y la exigencia ciudadana de justicia frente a los actos de poder. La decisión del juez Fernando Valdez Pimentel, quien determinó que la Fiscalía no presentó suficientes elementos para justificar una medida restrictiva, es un recordatorio de que el principio de presunción de inocencia sigue siendo pilar esencial en un Estado de derecho.

El caso que involucra a Boluarte, investigada por presunto lavado de activos, está aún en una etapa preliminar. La controversia se centra en una cuenta mancomunada que habría servido para recaudar fondos vinculados a Perú Libre, el partido con el que llegó al gobierno. Aunque el Ministerio Público considera que existen indicios razonables de irregularidades, el juez concluyó que no se acreditó el riesgo procesal necesario para impedirle salir del país. Es decir, no basta la sospecha: deben existir pruebas claras que sustenten una medida de esa magnitud.

Más allá del desenlace judicial inmediato, este episodio revela una tensión permanente entre la presión política y mediática, y la obligación de los magistrados de ceñirse al derecho. En tiempos en que la desconfianza hacia las instituciones es alta y la indignación social frente a la corrupción se ha vuelto crónica, resulta tentador exigir sanciones rápidas, incluso antes de que concluyan las investigaciones. Pero la justicia, para ser legítima, debe ser serena, técnica e imparcial.

El país necesita que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial actúen con rigor y transparencia. Las investigaciones deben continuar, pero dentro del marco legal y sin instrumentalizar los procesos para fines políticos. Al mismo tiempo, corresponde a los jueces resistir presiones externas y sostener su independencia, incluso cuando las decisiones no satisfacen a la opinión pública.

La justicia no puede ser espectáculo ni venganza. Su fortaleza reside en su capacidad para aplicar la ley con equilibrio, garantizando derechos, pero también combatiendo la impunidad. Solo así el Perú podrá avanzar hacia una institucionalidad que inspire confianza y no sospecha.