Por Carlos Meneses

Una justicia meritocrática es el cimiento de una democracia sólida que se necesita en el país.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa avanzando en un proceso clave para el fortalecimiento institucional del país: la selección y nombramiento de jueces, fiscales y jueces de control titulares. Este fin de semana, la entidad desarrolló con normalidad la tercera etapa del Concurso Público de Méritos, que forma parte de un esfuerzo sostenido por erradicar la provisionalidad en el sistema judicial peruano, un mal que por años ha afectado la independencia, eficiencia y credibilidad de la justicia.

El proceso, realizado reunió a postulantes en las modalidades de ascenso y acceso abierto. Con controles de seguridad rigurosos, los candidatos rindieron una evaluación práctica basada en casos reales o simulados según su especialidad. Este tipo de examen es más que una prueba técnica: es una medición del criterio jurídico, la solvencia ética y la capacidad de resolver conflictos conforme a la ley y los principios de justicia.

La importancia de esta convocatoria radica en su transparencia. La JNJ, presidida por una institución que ha sabido mantener la imparcialidad pese a las presiones políticas y mediáticas, reafirma así su compromiso con una justicia meritocrática. Nombrar magistrados titulares bajo estándares objetivos y evaluaciones rigurosas es la única vía para garantizar que las decisiones judiciales respondan al derecho y no a intereses particulares o coyunturales.

El alto índice de jueces y fiscales provisionales —que aún persiste en varios distritos judiciales— representa un riesgo institucional: la dependencia, la inestabilidad laboral y la vulnerabilidad frente a presiones externas debilitan la independencia judicial. Por ello, avanzar hacia una magistratura plenamente titular es no solo una meta administrativa, sino una exigencia democrática.

La ciudadanía espera un sistema judicial confiable, con operadores de justicia que actúen con autonomía, competencia y ética. En esa línea, la labor de la JNJ merece respaldo y vigilancia ciudadana permanente. Es deber del Estado garantizar los recursos y las condiciones para que estos concursos se desarrollen sin interferencias y con resultados oportunos.

Cada examen, cada nombramiento y cada evaluación forman parte de un proceso histórico: reconstruir la confianza en la justicia peruana. Si este esfuerzo se consolida, el país dará un paso decisivo hacia la institucionalidad y el Estado de derecho que tanto necesita.