Parque emblemático del balneario de Mejía en peligro por venta ilegal
Por Jorge Turpo R.
Los vecinos del balneario de Mejía denuncian la venta irregular de un parque donde se levanta la palmera más antigua del distrito. Un informe legal confirma que el terreno fue transferido de forma ilegal y exige su recuperación inmediata.
MUNICIPIO TIENE QUE RECUPERAR EL BIEN
El balneario de Mejía, uno de los lugares más emblemáticos y tranquilos de la costa arequipeña, enfrenta una amenaza que ha despertado indignación entre sus vecinos. Un grupo de inversionistas privados intenta cercar y construir en un parque público ubicado frente al mar, un espacio con jardines, enredaderas y la palmera más antigua del distrito, símbolo vivo de su historia.
El lugar, de aproximadamente 279 metros cuadrados, no solo forma parte del paisaje urbano de la urbanización La Isla, sino también del patrimonio ambiental y cultural de Mejía, donde durante años se han realizado actividades comunales y conciertos al aire libre, como los ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de Arequipa.
Hoy, ese mismo espacio corre el riesgo de desaparecer tras una venta irregular que se remonta a gestiones municipales pasadas.
Según se ha comprobado, la Municipalidad Provincial de Islay habría transferido el terreno a manos privadas sin cumplir con los procedimientos legales exigidos para la disposición de bienes estatales.
El parque fue adjudicado originalmente al municipio por el Ministerio de Vivienda en 1983, mediante la Resolución Suprema N.° 113-83-VI-5600, con un propósito claro: uso público y recreativo.
Sin embargo, en 1986, el Concejo Provincial de Islay emitió la Resolución Municipal N.° 052-86-OAH-MPI, que adjudicó el terreno a Guillermo Ernesto Manheim Núñez, sin realizar la pública subasta que exige la ley.
El reciente Informe Legal N.° 392-2025-MPI/A-GM-OAJ, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Islay, es contundente: la transferencia fue ilegal y nula de pleno derecho.
El documento, fechado el 25 de agosto de 2025, señala que el terreno pasó a ser de dominio público una vez adjudicado al municipio con fines de desarrollo comunal, y que además ha sido utilizado como parque durante más de tres décadas, reforzando su condición de bien inalienable e imprescriptible.
“La Municipalidad tiene la obligación legal de recuperar el bien y restituirlo a su uso público”, concluye el informe.
EL PARQUE NO SE VENDE
El conflicto salió a la luz cuando vecinos de Mejía denunciaron que se estaba autorizando la construcción de un cerco rústico en el área del parque, como paso previo a su ocupación privada.
Lo más grave es que la autorización proviene de la Municipalidad Distrital de Mejía, a favor de una persona vinculada al actual subprefecto del distrito, Jorge Ángel Rojas Guerra, exregidor y supuesto beneficiario de otra adjudicación de terrenos entre Mejía y Mollendo para fines inmobiliarios.
Para los vecinos, este caso no solo revela un intento de usurpación de un bien público, sino también una preocupante red de intereses políticos y familiares detrás del manejo irregular de los terrenos.
“No es solo una palmera o un jardín, es parte de nuestra historia y del paisaje que nos pertenece a todos. No vamos a permitir que lo destruyan”, señalaron en un pronunciamiento público.
EL VALOR AMBIENTAL
El parque en disputa no es un simple espacio baldío. Su ubicación, frente a la playa y cerca del Malecón de Mejía, lo convierte en un punto clave para el turismo y el ornato del balneario.
Desde allí se aprecia la extensión completa de la costa, y su mantenimiento ha sido resultado del esfuerzo vecinal.
Cercar o construir sobre ese espacio —afirman los vecinos— no solo implica una pérdida ambiental y patrimonial, sino que también afectará la estética urbana y el atractivo turístico del malecón, cuya construcción demandó una importante inversión pública.
Es un parque que forma parte del ecosistema costero, con especies vegetales que ayudan a la conservación del suelo y del paisaje. Su destrucción sería un daño ecológico y social irreparable.
EXIGEN ACCIÓN INMEDIATA
Ante la gravedad del caso, los vecinos exigen que las autoridades distritales, provinciales y regionales —así como el Ministerio Público y el Poder Judicial— intervengan de inmediato para detener cualquier intento de construcción y recuperar el bien público.
También piden que se sigan ejemplos como el de la Municipalidad de Santiago de Surco, en Lima, que logró recuperar más de 3 500 metros cuadrados de parques invadidos por privados.
“Si allá pudieron recuperar sus áreas verdes, aquí también podemos hacerlo. Mejía no puede perder su identidad ni sus espacios públicos”, afirman.
El caso pone a prueba la capacidad del Municipio Provincial de Islay para defender el patrimonio de todos los ciudadanos.
El propio informe legal interno le da los argumentos suficientes para iniciar acciones administrativas y judiciales, pero el tiempo apremia: mientras las gestiones se demoran, los particulares avanzan con cercos y permisos irregulares.
El parque de La Isla no es solo un terreno, es la memoria verde del balneario, el espacio donde generaciones enteras han compartido tardes familiares y donde la comunidad ha celebrado su identidad.
Que hoy se intente privatizarlo es una afrenta no solo a la ley, sino al sentido común.
La ciudadanía de Mejía espera que esta vez las autoridades estén a la altura del reclamo. Porque cuando un parque desaparece, no solo se pierde un pedazo de tierra, se pierde un pedazo del alma de la ciudad.
