“En el Perú, la banca privada cobra los más altos intereses del mundo, de 30 a 90 %. En China cobran de 3.5 al 6 % de la tasa efectiva anual; en Europa del 4 al 8 % de la tasa efectiva anual; en Canadá de 6 a 9%; Reino Unido de 6 a 10%; en Estado Unidos de 7 a 12%. Este problema es serio, ¿qué empresa chica, mediana o grande puede tener créditos y pueda pagar el crédito? No tomando en consideración que la inflación es muy chica. El 90 % de los préstamos, y los préstamos corporativos los tienen cuatro bancos. Creo que la Superintendencia de Banca y Seguros, tiene que poner coto a eso, tiene que regular. Si no, no se va a poder avanzar en el Perú”; así declaró José Luis Delgado Núñez del Arco, excongresista de la República, en Facebook de Lengua aprista.

Es justo recordar la Ley de Creación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, impulsada por el entonces senador Manuel Seoane, con la finalidad de liberar a los pequeños y medianos empresarios, de la usura de “prestamistas”; y el propósito de la Banca de Fomento, inyectar recursos económicos a sectores de agricultura y otros; desaparecida ante la implacable arremetida del neoliberalismo, reduciendo la capacidad reguladora del Estado, dejando todo al “libre mercado”, generando injusticias a corregir con la Constitución.

En aras de la economía social de mercado, concertada técnica y democráticamente, es indispensable combatir la concentración bancaria, invoco el artículo “El FMI y la concentración bancaria en el Perú” de Hernán Garrido-Lecca, economista (8/2/2018), en dicho artículo, señala en el Perú hay un banco que tiene más del 30 % del mercado financiero, esto no se permite en otros países, donde los bancos no pueden tener más del 20 %, hasta constituye un riesgo en caso de quiebras o dificultades similares. En cuanto a oligopolios, un reporte de la OCDE (2022 internet), indica: “El Perú es el país con mercados más concentrados de Latinoamérica; sectores esenciales para la población están dominados por pocos grupos económicos, en los rubros: lácteos, farmacias, laboratorios, alimentos, telecomunicaciones y bancos. En el caso de la cerveza, se formó un monopolio”.

Esta situación oligopólica, hace que no haya libre competencia, por consiguiente, las empresas de los oligopolios obtienen una posición de dominio en la economía, ponen condiciones unilaterales, viéndose perjudicados los consumidores y usuarios, al no tener precios accesibles ni competitivos al restringirse la oferta y la demanda.

Prevenir y frenar el neolatifundismo, estudiando la propuesta de limitar la propiedad agrícola en cuanto a extensión. La hacienda más grande que hubo en el Perú fue Casagrande no llegaba a 30 mil hectáreas, la Reforma Agraria de Juan Velasco la cooperativizó, fracasando, por lo que, Alberto Fujimori la privatizó, ahora pertenece al Grupo Gloria, el cual ostenta 60 mil hectáreas de propiedad agrícola, el doble de la exhacienda Casagrande.

La bancada aprista, en los años 2008 y 2010, planteó el Proyecto de Ley N.° 3194/2008-CR, que establece límites de la propiedad agraria en zonas agrícolas de la costa a la extensión de cuarenta mil (40 000) hectáreas de tierra agrícola; no prosperó. En el año 2012, otras bancadas presentaron dos proyectos de ley, uno sugiere el tope de 25 mil hectáreas para todo el territorio nacional, el otro propone límites diferenciados: en la costa, 10 mil ha; en la sierra, 5 mil ha; y en la selva, 20 mil ha. No se aprobaron. Al no haber límites, puede darse el caso de nuevos latifundios más poderosos que los antiguos.

Lo expuesto, nos lleva a la conclusión: el Perú está sometido a la neoligarquía monoligopólica lobista y mediática; debido al enorme control ejercido por grupos de poder económico, propietarios de la mayoría de medios de comunicación radial, televisivo, escrito y redes sociales; ello es un peligro para la democracia, impide el surgimiento de más actores económicos, acapara la riqueza en pocas manos, al costo de la exclusión de las mayorías, del disfrute de la riqueza. Ante esta situación, urge el resurgimiento de una propuesta política de izquierda democrática indoamericana moderna que, recreando a Haya de la Torre, reconozca la importancia de la inversión privada nacional y extranjera, respetuosa de los derechos laborales, obligaciones tributarias y amigable con el medio ambiente, construya un Estado y mercado al servicio de la sociedad civil.