Un homicidio cada tres horas y cincuenta minutos. Lima, La Libertad y Callao concentran la mayoría de los asesinatos reportados por el SINADEF. En promedio, una persona es asesinada cada menos de cuatro horas en el país. Distritos como Ate, Comas y Bellavista figuran entre los más peligrosos.

EN EL GOBIERNO DE JERÍ

La violencia homicida en el Perú no da tregua. En apenas dos semanas de octubre, el país registró 75 asesinatos, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). La cifra equivale a un homicidio cada tres horas y cincuenta minutos, una frecuencia que mantiene al Perú entre los países más violentos de la región.

Lejos de reducirse, los crímenes se mantienen constantes incluso tras la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, dispuesta por el presidente José Jerí Oré el pasado 21 de octubre. Mientras el Gobierno evalúa medidas más drásticas —como un eventual toque de queda—, los registros revelan que la inseguridad sigue cobrando vidas en las principales ciudades, según información de Infobae.

De acuerdo con el análisis del ingeniero Juan Carbajal, investigador de datos públicos, Lima, La Libertad y Callao encabezan la lista de regiones con mayor incidencia de homicidios. Solo en la capital se concentraron más de la mitad de los casos reportados entre el 10 y 24 de octubre.

En Lima, los distritos de Ate, Comas, Bellavista y San Martín de Porres registraron los índices más altos. Se trata de zonas densamente pobladas donde confluyen problemas de tráfico de drogas, extorsión, robo agravado y conflictos personales que con frecuencia derivan en asesinatos.

“Los patrones son claros: los homicidios aumentan en áreas urbanas con alta densidad poblacional, presencia de mercados informales y débiles sistemas de seguridad municipal”, explicó Carbajal. También advirtió que las cifras podrían ser mayores debido a subregistros y demoras en la actualización de los datos por parte del sistema de salud.

DOS REGIONES AL LÍMITE

Fuera de la capital, La Libertad y Callao mantienen su posición como epicentros del crimen violento. En Trujillo, los ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al cobro de cupos y la extorsión siguen generando muertes semanales, pese a la presencia militar y policial desplegada desde septiembre.

El Callao, por su parte, continúa siendo uno de los puntos más críticos del país. Distritos como Bellavista y Carmen de la Legua concentran asesinatos relacionados con sicariato, narcotráfico y disputas territoriales por el control del microcomercio de drogas.

“El patrón de homicidios en estas zonas refleja la presencia de organizaciones criminales que se han consolidado durante años. El estado de emergencia puede contener la violencia momentáneamente, pero no resuelve la raíz del problema”, señaló un oficial de la Policía Nacional, que pidió mantener su identidad en reserva.

Violencia descentralizada

Aunque Lima y el norte concentran la mayor parte de los casos, los reportes del SINADEF también registran homicidios en provincias como Huaura, Sullana, Ascope y Zarumilla, donde la violencia se ha vuelto cotidiana. En algunos de estos lugares, las causas de muerte están vinculadas a conflictos sociales, disputas por tierras o enfrentamientos por minería ilegal.

El informe de Carbajal resalta la utilidad del seguimiento distrital de los homicidios para identificar focos críticos. “El mapeo geográfico permite a las autoridades orientar recursos policiales y judiciales hacia las zonas más vulnerables, pero se necesita voluntad política y continuidad en las estrategias”, precisó.

El Gobierno de José Jerí enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años. La declaratoria del estado de emergencia restringe derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, pero no ha logrado reducir el número de asesinatos.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló recientemente que el Consejo de Ministros mantiene una sesión permanente para evaluar la posibilidad de aplicar un toque de queda en las zonas más violentas. “Eso está en evaluación. Seguimos revisando el proceso del estado de emergencia”, dijo al ser consultado por la prensa.

Sin embargo, analistas en seguridad advierten que las medidas restrictivas no bastarán. El criminólogo José Tello señala que “la emergencia no ataca la raíz del problema: la débil presencia policial, la falta de inteligencia criminal y la impunidad judicial”.

Una sociedad atrapada entre el miedo y la desconfianza

En medio de esta ola de homicidios, la percepción ciudadana de inseguridad se dispara. Más del 80 % de los peruanos considera que la delincuencia ha aumentado en los últimos meses, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En distritos como Ate o Comas, los vecinos evitan salir de noche. Comerciantes y transportistas viven bajo amenazas de extorsión, mientras los escolares asisten a clases entre el ruido de sirenas y patrullas. “Ya no sabemos si la policía llega para ayudar o solo a recoger cuerpos”, dice con resignación un vecino de Bellavista.

El Perú vive días marcados por el miedo y la desconfianza. Cada homicidio registrado es una evidencia más de un Estado que no logra recuperar el control de sus calles. Mientras el Gobierno discute medidas extremas, los ciudadanos siguen contando las horas entre una víctima y la siguiente.