SERMO HUMILIS

El jefe de Estado debe ostentar integridad, capacidad y liderazgo, como pilares que sostengan su función de estadista. Consecuentemente debe estar lejos del escándalo, la corrupción y de toda acción que le denigre, tanto en la vida personal como en el quehacer político. El engaño debe erradicarse en toda su extensión y acepción, debiendo primar la probidad de primer mandatario, quien debe desarrollar virtudes e impulsar el ejercicio de valores para construir y dar sostenibilidad a la sociedad con libertad, igualdad, basada en el respeto y dignidad de la persona humana.       

Responsabilidad es de todo ciudadano ser firme para denunciar qué candidato no reúne las condiciones para ser jefe de Estado, no basta invocar que se cumple con ser peruano de nacimiento, tener más de treinta y cinco años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio, lo cual meramente es una trilogía insuficiente para gobernar un país. El elector no es ignorante, recurrentemente elige a quien conviene a sus intereses dejando de lado el bienestar de la sociedad, siendo luego presa de su intrínseca estupidez y complacencia furtiva de la mayoría que se oculta en la desidia acompañada de la cobardía de no expresar con firmeza convicciones asertivas, equilibradas en procura de generar razonamiento colectivo a fin de elegir la mejor opción para el país; siendo timoratos o cómplices para no apartar a dirigentes o disfrazados dirigentes sociales o a sus financistas, que viven a expensas de la informalidad como de la ilicitud de sus actividades.

Estas tres últimas décadas de crisis de gobierno y moral, han generado pérdidas irreparables a la ciudadanía por lo que debe postularse ya sesuda planificación para el desarrollo del país en favor de nuestras siguientes generaciones, con objetivos a corto, mediano y largo plazos. Las políticas a plasmarse, además, deben ser revisadas –manteniendo su esencia– de haber alguna adecuación a nuevos retos, problemáticas, controversias o requerimientos para el bienestar y seguridad nacionales.   

El respeto a las normas es deber consustancial a todo ciudadano, el desarrollo en igualdad de oportunidades, el acceso a todo servicio público, el orden interno y garantías fundamentales de la persona humana son prioridad del Estado y deben estar bajo custodia de disciplinada fuerza policial; siendo también que la soberanía e integridad de nuestro territorio no es negociable y queda al resguardo de las fuerzas armadas, que deben ser más que disuasivas.     

Atribución de la administración es defenestrar a todo servidor o funcionario público o persona que le preste su concurso y aplicar severa sanción si atenta contra cualquier bien jurídico protegido del Estado, directa o indirectamente, no debiendo permitirse impunidad alguna. El inconsciente colectivo lo demanda, calidad de vida, seguridad, vivir pacíficamente, desarrollo sostenible y preservación de los recursos naturales para nuestro beneficio inmediato y mediato.

Es un compromiso, como visión de Estado, que debe estar en el ideario de todo grupo, de toda persona, sin excepción, siendo un deber a honrar de por vida; pues en horas de elegir a candidatos al ejecutivo y legislativo, debe primar el interés del país que compromete el bienestar de nuestras futuras generaciones, que no deben recibir como sucesión un país bajo el gobierno de incompetentes y corruptos políticos.