PERÚ COMPETITIVIDAD

Recientemente fue difundido un reportaje en el que se muestra a trabajadores del despacho de una congresista realizando tareas domésticas y personales para ella durante horario laboral. Más allá del escándalo y la indignación que genera este comportamiento en la ciudadanía, simboliza el deterioro del Estado peruano: mientras algunos legisladores confunden el servicio público con servilismo personal, las planillas del Estado crecen a un ritmo insostenible, sin mejoras en los servicios ni calidad legislativa.

Entre 2021 y 2025, la planilla pública nacional aumentó en 66 %, al pasar de S/ 52 mil millones a S/ 86 mil millones, lo que representa S/ 34 mil millones adicionales, o un crecimiento promedio de S/ 8 500 millones por año. En ese mismo periodo, la planilla del Congreso se duplicó (106 %), incrementándose de S/ 447 millones a S/ 920 millones, es decir, S/ 473 millones adicionales. En términos prácticos, el costo total de la planilla congresal —que incluye asesores, personal administrativo y de apoyo— equivale hoy a alrededor de S/ 7 millones por parlamentario. Y mientras las remuneraciones del Estado siguen incrementándose, ello no se refleja en resultados: el 73% de estudiantes en cuarto grado de primaria de escuelas públicas no logra las competencias esperadas en matemáticas, el 29,8 % de niños de 6 a 36 meses de edad tiene anemia, solo el 40 % de vías departamentales y vecinales se encuentran pavimentadas o afirmadas, los homicidios alcanzaron un récord histórico de 1 285 casos en lo que va del año.

Destaca en particular el sector Educación. Su planilla —la más grande del país— aumentó en 55 % durante este periodo legislativo, al pasar de S/ 21 mil millones a S/ 32 mil millones, es decir, S/ 11 mil millones adicionales incorporados al gasto público. Sin embargo, como se ha señalado, los niveles de aprendizaje no han mostrado mejoras equivalentes. La congresista en cuestión, que además es docente de profesión, conoce de primera mano los desafíos del sistema educativo. No obstante, en lugar de enfocarse en mejorar los resultados de los estudiantes, ha optado por promover incrementos salariales para su electorado y, al mismo tiempo, obtener beneficios personales.

Los servicios públicos son, en buena medida, un reflejo de la calidad legislativa. Según un informe elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), ninguno de los 48 proyectos de ley con dictamen aprobado en las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor cumplió con los estándares mínimos de calidad regulatoria. Ninguno presentó un análisis costo-beneficio, alternativas de solución ni una evaluación de impactos. En otras palabras, el Parlamento legisla sin comprender plenamente el problema que busca resolver, generando normas improvisadas y parciales que aumentan el riesgo de políticas ineficaces y terminan beneficiando solo a determinados grupos de interés.

Las consecuencias de esta precariedad técnica son graves, no solo por su impacto en la calidad de los servicios que recibe la población, sino también por su efecto fiscal. De acuerdo con información analizada por el Consejo Fiscal, a la fecha existen en el congreso 352 iniciativas que, de aprobarse, incrementarían el déficit en 4,2 puntos en 10 años y la ratio de deuda llegaría a 70 %. Así, se consolida una paradoja: un Parlamento que expande su propia planilla y privilegios, mientras debilita los pilares de la disciplina fiscal.

El problema va más allá de la disciplina fiscal: refleja una crisis de institucionalidad y de calidad del gasto público. El país necesita reformas que fortalezcan la meritocracia, la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas, no leyes improvisadas que expanden la planilla estatal sin una mejora comprobable en productividad. Para ilustrarlo, en 2021 el salario promedio del sector público era S/ 3 953, frente a S/ 4 133 en el privado formal. En 2025, esa relación se invirtió: S/ 4 941 en el público y S/ 4 745 en el privado. En otras palabras, hoy un trabajador privado, cuya remuneración depende de resultados concretos, gana menos que un empleado público, donde los resultados —como los de aprendizaje o salud— siguen sin justificar el incremento del gasto.

Lo ocurrido en el despacho de una congresista no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de un Estado que ha perdido noción del servicio público. Mientras el Congreso siga aprobando leyes sin sustento técnico y ampliando su propio presupuesto, los recursos que deberían destinarse a mejorar escuelas y hospitales continuarán financiando privilegios y clientelismo. El país no puede seguir confundiendo populismo con política pública. Urge un Congreso que legisle con evidencia, evalúe los impactos de sus decisiones y actúe con responsabilidad fiscal. De lo contrario, la ciudadanía no solo volverá a ser testigo de abusos de poder y privilegios personales, sino también de una nueva crisis de solvencia que pondrá en riesgo el futuro del país.