Obra fue inaugurado en setiembre pasado.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) destinó más de S/ 350 mil a la construcción de la micropresa Huayllani–Bingorota, ejecutada por el Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS)–Autodema en un predio de propiedad privada y fuera del ámbito aprobado para el proyecto Majes Siguas. La obra, realizada bajo administración directa, se levantó en la unidad hidrográfica Alto Apurímac, pese a que el expediente técnico la ubicaba dentro de las subcuencas del río Colca.

El informe de visita de control N.° 030-2025-OCI/0617-SVC advierte que el terreno pertenece al ciudadano Teófilo Cutipa, quien cedió el espacio mediante un acta informal, sin acreditarse su propiedad ni la libre disponibilidad del predio. Aun así, la micropresa fue ejecutada e inaugurada en septiembre pasado. Actualmente el acceso vehicular se encuentra restringido y la infraestructura hidráulica permanece en una zona privada, con las válvulas y el flujo de agua administrados por el mismo propietario.

La Contraloría también identificó que Autodema aprobó dos versiones distintas de la Resolución de Gerencia Ejecutiva N.° 326-2024: una que autoriza la “construcción” y otra que figura en su portal institucional como “mantenimiento”, sin sustento técnico ni legal que justifique el cambio. El expediente técnico, elaborado por un consultor contratado por S/ 24 mil, fue aprobado en diciembre de 2024, pocos meses antes del inicio de la obra.

Además, la micropresa se ejecutó fuera del área de influencia ambiental del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Majes Siguas I y sin considerar las medidas compensatorias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda etapa. Esta omisión compromete la seguridad jurídica de la inversión y anula su finalidad pública, pues el beneficio recae sobre un propietario privado y no sobre las comunidades ganaderas de la zona.

La inspección confirmó que la obra carece de mecanismos que garanticen su operación y mantenimiento, y que fue ejecutada sin el saneamiento físico-legal del terreno, en contravención a la Directiva N.° 423-2023-CG. Para la Contraloría, la situación expone al Gobierno Regional de Arequipa a un riesgo económico y legal por el uso de recursos públicos en una infraestructura fuera de su jurisdicción ambiental y sobre un predio que no pertenece al Estado.