El Congreso tiene la obligación de actuar con responsabilidad y moderación, especialmente cuando se trata de las relaciones internacionales del país. La prudencia no es debilidad; es inteligencia política. En tiempos de crispación, el Perú necesita más diplomacia y menos gestos simbólicos que profundizan la desconfianza entre países hermanos.

La decisión del Congreso de la República de declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marca un nuevo episodio de tensión diplomática en la región. Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Parlamento peruano adoptó esta medida en respuesta al asilo concedido por el gobierno mexicano a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

El gesto parlamentario —más político que diplomático— ha sido presentado como una defensa de la soberanía nacional frente a lo que los congresistas califican como una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del Perú. Sin embargo, más allá del simbolismo patriótico, la medida evidencia nuevamente el deterioro de la política exterior peruana, que desde hace algunos años se mueve entre reacciones impulsivas y rupturas innecesarias con gobiernos de la región.

El Perú tiene todo el derecho de reclamar respeto a su institucionalidad y a sus procesos judiciales. Nadie puede interferir en decisiones soberanas ni otorgar protección diplomática a quienes enfrentan acusaciones graves. Pero la diplomacia —por definición— se ejerce con equilibrio y con visión de Estado, no como un escenario de revancha política ni de confrontación ideológica. Declarar persona no grata a un jefe de Estado debería ser un acto excepcional, reservado para circunstancias de verdadera gravedad, no un gesto de coyuntura.

El otorgamiento de asilo es una práctica amparada en el derecho internacional y no implica necesariamente un respaldo político a los asilados. México, históricamente, ha ejercido una política de asilo amplia, basada en principios humanitarios. Si bien es legítimo que el Perú exprese su desacuerdo, lo ideal sería canalizar ese malestar mediante el diálogo y los mecanismos diplomáticos, no a través de una moción parlamentaria que poco aporta a la resolución del problema.

Lo más preocupante es que este tipo de decisiones contribuye a aislar al Perú en un contexto regional que demanda cooperación, especialmente en materia migratoria, comercial y de seguridad. Nuestra política exterior debe buscar reconstruir puentes, no levantar muros. La firmeza no se mide por el tono del discurso, sino por la capacidad de defender intereses nacionales sin perder la serenidad ni el respeto institucional.