Samuel Rivera, gerente regional de control de Arequipa.

Por Jorge Turpo R. Fotos: Jorge Esquivel

Una modalidad que surgió con la idea de agilizar los proyectos, pero que se desvirtuó por la intervención directa de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales.

CONTRALORÍA EXIGE MAYOR CONTROL EN AREQUIPA

Arequipa, la segunda región con mayor inversión pública del país, tiene en marcha más de 120 obras que comprometen miles de millones de soles. Pero la Contraloría General advierte que el entusiasmo por construir no puede ir separado del deber de planificar y fiscalizar.

“Las obras por impuestos son una gran herramienta para cerrar brechas, pero deben ejecutarse con rigurosidad técnica y control preventivo”, sostiene Samuel Enrique Rivera Vásquez, gerente regional de control de Arequipa.

Durante los últimos años, este mecanismo de inversión —en el que empresas privadas adelantan recursos para ejecutar proyectos públicos a cambio de créditos tributarios— ha permitido levantar colegios, hospitales y carreteras en distintas provincias.

Sin embargo, la experiencia también ha dejado lecciones amargas. Rivera recuerda que varios proyectos por impuestos terminaron con deficiencias técnicas o sobrecostos, y algunos incluso con paralizaciones que comprometen su efectividad social.

“Lo que empezó como una alternativa para agilizar obras, muchas veces terminó generando los mismos problemas del sistema tradicional”, apunta.

Reconoció además que la modalidad de obras por impuestos se ha desvirtuado porque los proyectos ya no los desarrolla de manera directa la empresa privada, son los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, quienes ahora manejan esos proyectos con los problemas que surgen, muchas veces, desde el expediente técnico.

Un ejemplo de esta situación es la obra del Colegio Arequipa, donde hay retrasos en los plazos, incremento de presupuesto y observaciones hechas por la Contraloría que recién están en proceso de levantamiento.

CONTROL ANTES DEL DAÑO

Rivera insiste en que el control preventivo debe convertirse en la piedra angular de la gestión pública.

“La Contraloría ya no solo llega cuando el daño está hecho. Estamos acompañando los procesos desde el inicio, revisando expedientes técnicos, bases de licitación y actas de entrega”, explica.

Este enfoque busca evitar que se repitan los errores más frecuentes detectados en Arequipa: expedientes técnicos mal elaborados, presupuestos subvaluados o sobrevalorados, cronogramas inconclusos y carencia de estudios de suelos o impacto ambiental.

En muchos casos se aprueban expedientes que no tienen ni el 60 % de consistencia técnica necesaria, y eso condena a las obras a nacer con defectos.

El funcionario señala que, solo en el 2024, la Contraloría identificó observaciones en más de 80 proyectos de inversión pública en la región.

De ellos, una cuarta parte correspondía a obras por impuestos. “No se trata de detener el desarrollo, sino de asegurar que el dinero se use correctamente y las obras cumplan su finalidad”, aclara.

HOSPITALES Y EQUIPOS MÉDICOS

De otro lado, sobre los equipos médicos almacenados en el hospital Maritza Campos, dijo que el plan acordado es trasladar parte de los equipos al Goyeneche y al Honorio Delgado, donde la demanda de atención es crítica.

Pero esa solución técnica se ha entrampado por un problema legal: los equipos no pueden ser utilizados hasta ser patrimonializados por el Gobierno Regional de Arequipa, y este no puede hacerlo sin una ordenanza regional que lo habilite.

Actualmente se espera que la Comisión de Salud del Consejo Regional emita un dictamen para someter a votación la ordenanza, pero la presidenta de la comisión, la consejera Marleny Arminta, sigue dilatando el proceso desde el pasado 30 de octubre.

Mientras tanto, los hospitales siguen trabajando al límite.

En el Hospital Honorio Delgado, por ejemplo, sólo cuentan con una torre laparoscópica para atender a 5 mil pacientes al mes, cuando el Maritza Campos tiene tres torres nuevas, perfectamente operativas, guardadas sin prestar ningún servicio.

Para la Contraloría, el asunto ha dejado de ser técnico y se ha convertido en un tema de voluntad política.

“La Comisión de Salud tiene que tomar una decisión, bien o mal, pero una decisión”, insiste.

Mientras el expediente sigue archivado, miles de pacientes esperan una cirugía, una ecografía o un diagnóstico que podría hacerse con los equipos ociosos del Maritza Campos.

PUENTE INCONCLUSO

De otro lado, el puente de la autopista Arequipa–La Joya es otro ejemplo del laberinto en que se enreda la inversión pública regional.

Pese a que la obra registra un avance físico del 92.35 %, hoy vuelve a estar paralizada.

El proyecto se detuvo tras una disputa entre el Gobierno Regional y el contratista, donde cada parte responsabilizó a la otra por los retrasos.

La Contraloría intervino como mediadora para impulsar acuerdos concretos: “Necesitamos definir una ruta de salida. Si han decidido no continuar con el contratista, entonces deben tener un plan de solución”, subraya Rivera.

Según explica, el Gobierno Regional se comprometió a culminar el expediente de saldo de obra en estas semanas, lo que permitiría ejecutar el 8 % restante y cerrar al fin una obra que lleva más de un año reactivándose con tropiezos.

Sin embargo, los obstáculos no son solo administrativos. Rivera advierte que, incluso terminada, la obra podría quedar inoperativa si no se concreta la conexión vial con la ruta principal.

“El puente está listo para unir dos extremos, pero falta el enlace con la vía de acceso. Sin eso, tendremos un puente moderno que no servirá para nada”, advierte.

La responsabilidad de esa conexión recae también en el Gobierno Regional, aunque existen tensiones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional, que se oponen al trazo actual porque podría evitar el pago del peaje en el sector de 8 de Mayo.

Otro tema técnico pendiente es la evaluación estructural de los pilares del puente. El Gobierno Regional argumenta que no es necesario realizar un nuevo estudio, dado que el expediente técnico original de 2014 cumplía con la normativa vigente de entonces.

Pero en el 2022, el MTC actualizó las normas de diseño de puentes, generando una brecha entre lo planificado y lo que hoy se exige.

Rivera lo explica con claridad: “Las normas técnicas cambian cada cierto tiempo, y eso no significa que la obra esté mal hecha. Significa que hay que revisar si se puede adecuar a los nuevos estándares sin demoler lo ya construido”.

Aun así, advierte que el tema no puede minimizarse, porque está en juego la seguridad estructural.