Por: Carlos Meneses

El reto que viene no solo corresponde al JNE, sino también a la ciudadanía, que debe vigilar y exigir transparencia. Las elecciones de 2026 representan una oportunidad para renovar la política nacional sobre bases éticas y legales. Si los filtros funcionan y los partidos asumen su rol con madurez, el país podría dar un paso decisivo hacia la recuperación de la confianza en la democracia.

El inicio de la etapa de calificación de candidaturas por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previsto para el 23 de diciembre, marca un momento clave en el proceso hacia las Elecciones Generales 2026. A partir de esa fecha, el país sabrá con claridad quiénes podrán competir en los comicios y quiénes quedarán fuera por no cumplir los requisitos legales o por arrastrar sentencias e inhabilitaciones.

El anuncio del JNE debe ser valorado como un paso firme hacia la transparencia y la legalidad en un escenario político donde la desconfianza ciudadana sigue siendo alta. En los últimos procesos electorales, el ingreso de candidatos con antecedentes judiciales o con cuestionamientos éticos debilitó la credibilidad del sistema y, en muchos casos, terminó afectando el ejercicio del poder. Esta vez, la aplicación rigurosa de los filtros legales será determinante para evitar que la historia se repita.

El organismo electoral ha recordado que la primera responsabilidad recae en los partidos políticos. Son ellos quienes, en sus procesos internos y elecciones primarias, deben seleccionar con responsabilidad a sus postulantes. No se trata solo de cumplir con un trámite formal, sino de ejercer un deber ético frente al país. Un partido que avala candidaturas cuestionadas demuestra que no está preparado para gobernar.

Asimismo, resulta positivo que el JNE establezca con precisión los plazos y competencias: hasta el 23 de diciembre, los partidos tienen la potestad de inscribir sus listas; desde entonces, la autoridad electoral asumirá la tarea de revisar, verificar y, si corresponde, excluir a quienes no cumplan con la ley. La existencia de 60 Jurados Electorales Especiales encargados de la fiscalización posterior garantiza un control descentralizado, aunque será esencial que actúen con independencia y celeridad.

La exclusión de sentenciados e inhabilitados no es un acto de persecución política, sino una obligación para proteger la integridad del proceso democrático. Permitir que personas con antecedentes penales o sanciones vigentes aspiren a cargos públicos sería un mensaje devastador para la ciudadanía y una ofensa a la institucionalidad.