Por: Carlos Meneses

El Ejecutivo afirma que seguirá trabajando con todos los niveles del Estado para consolidar una cultura de prevención. Ese es el camino. Pero la ciudadanía evaluará no las promesas, sino la protección efectiva de sus vidas y bienes. Esta temporada de lluvias será una prueba de si el Perú, por fin, deja atrás la improvisación y avanza hacia una gestión del riesgo basada en ciencia, eficiencia y responsabilidad. El país no puede permitirse otro año de lecciones no aprendidas.

La llegada de la temporada de lluvias 2025-2026 vuelve a poner al país frente a un reto que, aunque cíclico, aún nos encuentra con brechas estructurales profundas. La sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), es una señal oportuna de que el Gobierno reconoce la urgencia del momento. Sin embargo, no basta con coordinar: el desafío es que las medidas anunciadas se traduzcan en resultados visibles para las poblaciones más vulnerables.

Las primeras acciones expuestas por los sectores —limpieza y descolmatación de más de 417 kilómetros de ríos y quebradas, intervenciones en defensas ribereñas y drenajes, instalación de estaciones pluviométricas y la próxima adquisición de puentes modulares y domos educativos— representan un avance que merece ser reconocido. Pero también es indispensable analizarlas con sentido crítico. La experiencia demuestra que muchas de estas intervenciones no tienen continuidad o quedan inconclusas cuando cambian las prioridades políticas o cuando la débil articulación entre niveles de gobierno impide completar el trabajo.

En ese sentido, el llamado del premier Álvarez a revisar protocolos, evitar repetir errores y asumir una actitud autocrítica es quizás el mensaje más relevante de la jornada. La gestión del riesgo de desastres exige planificación, pero sobre todo aprendizaje institucional. El país carga con un historial de obras mal ejecutadas, intervenciones que no se sostienen en el tiempo y respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho. Si en esta temporada aspiramos a resultados diferentes, debemos actuar de forma distinta.

El rol del Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, el Indeci, el Senamhi y la recientemente fortalecida Autoridad Nacional de Infraestructura es crucial. Los anuncios sobre intervenciones adicionales, trabajos en puntos críticos y medidas de protección con roca al volteo son relevantes, pero requieren supervisión técnica permanente y un enfoque territorial finamente afinado. No todos los riesgos son iguales en todo el país, y la prevención no puede basarse en recetas homogéneas.

Es importante destacar, además, que la gestión del riesgo no se reduce a obras físicas. Implica educación comunitaria, actualización de mapas de peligro, fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y, sobre todo, una coordinación real —no solo declarativa— entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Allí suele romperse la cadena. Si esa fisura no se corrige, ningún plan multisectorial será suficiente.