Buscan combatir la activación ilegal de líneas móviles.

El Gobierno del Perú endureció las medidas contra la delincuencia y dispuso la prohibición total de la venta ambulatoria de chips telefónicos en todo el Perú, con el propósito de frenar delitos como la extorsión y el sicariato, que suelen operar mediante líneas móviles no identificadas.

La medida, vigente desde el viernes 7 de noviembre, fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 128-2025-PCM, en el marco del estado de emergencia nacional.

Esta disposición establece la coordinación directa entre el Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP), las municipalidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Osiptel y las empresas operadoras, para erradicar la comercialización irregular de tarjetas SIM que escapan a todo control.

El decreto encarga a las municipalidades distritales la tarea de detectar y reportar los puntos donde se ofrezcan chips en la vía pública, con evidencia fotográfica y ubicación exacta.

Los reportes deberán detallar la identidad de los vendedores y la empresa operadora vinculada. De esta forma, el Gobierno busca interrumpir la cadena informal de venta y activación que permite a grupos delictivos obtener líneas sin rastreo.

El ministro del Interior precisó que la medida responde a una problemática creciente: la activación ilegal de líneas móviles utilizadas para coordinar extorsiones, amenazas o cobros ilícitos. “Estamos cerrando una de las puertas más usadas por las mafias para esconderse tras la anonimidad”, declaró.

Los agentes deberán incautar los equipos y reportar la información a Osiptel, entidad que, a su vez, brindará acceso digital a los procesos de comercialización y activación de las operadoras a las autoridades judiciales. Esta trazabilidad permitirá seguir cada tarjeta SIM desde su venta hasta su uso final.

“El problema no solo está en la venta callejera, sino en la débil supervisión de algunas empresas que permiten activar chips sin verificar correctamente la identidad del comprador. La ley ahora les exige control total sobre su personal y sobre cada activación”, señaló.

Además de las acciones operativas, Osiptel reforzó la campaña ‘Checa tu línea’, que permite a los ciudadanos revisar cuántas líneas telefónicas están registradas a su nombre.

Si detectan alguna no reconocida, pueden solicitar su anulación inmediata. Esta herramienta, según el organismo, forma parte del esfuerzo por empoderar al usuario en el control de la seguridad digital.

Cada usuario deberá identificarse con su DNI y huella digital, garantizando que la línea quede asociada correctamente al titular. Las operadoras asumirán la responsabilidad integral del proceso de venta y activación, incluyendo la verificación de identidad y la capacitación del personal.

Vecinos de distritos como La Cachina, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador afirmaron que la venta informal de chips se mantenía a la vista de todos desde hace años.

Algunos denunciaron ser víctimas de llamadas extorsivas desde números recién activados. “Me pedían dinero y sabían dónde vivía. Desde entonces, tengo miedo de contestar a números desconocidos”, relató una ciudadana.

El Gobierno considera que esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana, que busca frenar la violencia provocada por bandas criminales.

“La lucha contra la extorsión y el sicariato no se gana solo con patrulleros, sino también controlando la tecnología que usan los delincuentes”, afirmaron fuentes del Ejecutivo.

La prohibición marca un punto de inflexión en el control del mercado de telecomunicaciones. Si las autoridades logran sostener la fiscalización y las operadoras cumplen su parte, el uso anónimo de líneas móviles podría reducirse drásticamente, cerrando una brecha que durante años alimentó la criminalidad organizada.