El tribunal declaró “inadmisible” el recurso de casación presentado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, instancia que pretendía revocar una resolución previa y activar una medida de suspensión por 36 meses en el marco de la investigación por presunta organización criminal y otros delitos.

La decisión se adoptó en aplicación directa de la normativa vigente y reafirmó que la controversia ya no tiene efectos procesales.

El pronunciamiento se originó a raíz del recurso interpuesto contra la resolución emitida por la propia sala el 30 de julio, que a su vez confirmó lo decidido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en abril.

Aquella instancia determinó que “carece de objeto” evaluar la solicitud de suspensión preventiva, debido a que la medida se formuló en un momento en el que Benavides ya no ejercía funciones como fiscal suprema titular ni como fiscal de la Nación, tras ser separada por decisión de la anterior Junta Nacional de Justicia.

El fenómeno procesal conocido como “sustracción de la materia” dejó sin sustento la petición fiscal.

La Fiscalía sustentó su casación excepcional señalando que la resolución cuestionada afectaba el interés público y las obligaciones internacionales del Perú en materia de lucha contra la corrupción.

Además, planteó que la prohibición legal de presentar recursos debía interpretarse con cautela, bajo enfoques constitucionales y teleológicos que permitieran superar formalidades y garantizar un control más eficaz sobre los altos funcionarios investigados. No obstante, la Corte Suprema rechazó ese argumento.

La sala, presidida por el juez César San Martín, sostuvo que la casación no era atendible porque la propia Sala Penal Permanente emitió la resolución impugnada, lo que la convierte en una decisión definitiva dentro de la jurisdicción penal ordinaria.