Buscan frenar infiltración criminal. En medio de una creciente indignación ciudadana por los casos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la entrada en vigencia de un Decreto Supremo que permitirá la expulsión inmediata de los agentes involucrados en delitos o actos ilícitos comprobados. La medida busca poner freno a la infiltración criminal dentro de la institución y recuperar la confianza de la población.

298 EFECTIVOS SON INVESTIGADOS

Desde la región Junín —donde participó en una reunión de seguridad junto al presidente José Jerí y otros ministros—, Tiburcio afirmó que el Ejecutivo ha dispuesto una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción policial. “Ya tenemos un Decreto Supremo en vigencia con una tabla de sanciones más efectiva. Aquí no hay espacio para ningún policía que esté al margen de la ley. Todo aquel que infrinja la ley será retirado inmediatamente. Esa es la política de este Gobierno”, enfatizó.

El titular del Mininter explicó que, como parte del nuevo esquema, se ha creado en Lima una oficina especial dedicada a procesar casos sumarísimos para acelerar las sanciones. “Todos los policías que sean sorprendidos en flagrancia delictiva o con evidencias corroboradas pasarán por este procedimiento inmediato. No habrá más impunidad”, aseguró Tiburcio.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible para la PNP, tras revelarse la existencia de “Los Piratas”, una red criminal integrada por policías y civiles que habría operado durante al menos tres años en Lima y Tarapoto. El grupo se dedicaba al robo de droga, extorsiones, asaltos y homicidios, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

El informe periodístico difundió interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios de colaboradores eficaces que comprometen a más de veinte agentes, varios de ellos miembros del Escuadrón Verde. Las conversaciones muestran cómo los implicados coordinaban la logística de sus crímenes, utilizaban información reservada y recibían pagos en efectivo. En uno de los audios se menciona una “cama de 140.000 dólares”, expresión que —según la Fiscalía— hace referencia al monto de un botín compartido entre los involucrados.

Entre los casos atribuidos a “Los Piratas” destacan el asesinato del cambista Hernán Laines, ocurrido en 2022 dentro de un hotel en Lima, y el homicidio del empresario Jorge D’Ambrosio en Tarapoto. En ambos episodios, la investigación apunta a filtraciones internas que facilitaron los ataques: los delincuentes habrían obtenido información sobre las víctimas gracias a efectivos en servicio activo.

La Inspectoría General de la PNP y la Fiscalía de Crimen Organizado determinaron que la estructura criminal estaba conformada por policías en actividad, retirados y civiles. Sus roles se distribuían desde la obtención de datos hasta la ejecución directa de los asaltos. Tras varios operativos simultáneos, parte de los integrantes fueron detenidos y otros cumplen prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Según el Sistema de Lucha contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, actualmente 298 policías están siendo investigados por integrar o brindar apoyo logístico a bandas delictivas en distintas regiones del país.

Tiburcio sostuvo que esta cifra “es alarmante” y revela la urgencia de reformar los procesos de control interno. En ese sentido, anunció la implementación de un plan integral de orden y seguridad que reforzará la capacidad operativa de la PNP. La estrategia contempla el uso obligatorio de mapas del delito en todas las comisarías y unidades especializadas, con el objetivo de optimizar las intervenciones policiales según las realidades territoriales.

“El país necesita recuperar la confianza en su Policía. No podemos combatir la delincuencia si dentro de la institución hay quienes se comportan como delincuentes. Esta depuración no es opcional, es una necesidad moral y legal”, afirmó el ministro.

Durante su visita a Junín, Tiburcio estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, con quien inspeccionó el trabajo de seguridad en comedores populares y ollas comunes del distrito de San Juan de Lurigancho. “Queremos que la ciudadanía sienta el respaldo del Estado y sepa que los buenos policías son mayoría”, añadió.

El anuncio del titular del Interior ha sido respaldado por diversos sectores, aunque algunos especialistas advierten que el éxito de la medida dependerá de la transparencia en su aplicación y del fortalecimiento de la Inspectoría. “No basta con sancionar a los infractores. Hay que mejorar los filtros de ingreso y control de carrera, porque la corrupción se combate desde la formación”, opinó el criminólogo Luis Reátegui.

Mientras tanto, las investigaciones sobre “Los Piratas” continúan en marcha. La Fiscalía ha solicitado ampliar el plazo de prisión preventiva para seis agentes y no se descarta que nuevas evidencias revelen la participación de otros efectivos.

Con el nuevo Decreto Supremo, el Ministerio del Interior busca marcar un punto de quiebre en la historia reciente de la Policía Nacional. Una institución que, según Tiburcio, “debe volver a ser sinónimo de honor, servicio y disciplina, no de escándalos y vergüenza”.