Nilson Flores Suárez, vocero del gremio de mineros artesanales.

Federación de Arequipa denuncia que el retraso del proceso es consecuencia de la ineficiencia estatal y no responsabilidad de los mineros.

SON 37 MIL EXPEDIENTES EN TRÁMITE

La reciente aprobación de la ampliación por dos años del proceso de formalización minera ha sido recibida con alivio, pero también con indignación. Para la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, la medida no representa un favor ni una concesión política, sino una obligación del Estado frente a su propio incumplimiento.

Así lo sostuvo Nilson Flores Suárez, vocero del gremio, quien explicó que la prórroga era inevitable, pues el Gobierno no cumplió con evaluar los expedientes administrativos que quedaron pendientes tras la transferencia del sistema de formalización desde los gobiernos regionales. “La ampliación no es un beneficio para el minero, es una necesidad provocada por la ineficiencia estatal. El Estado no ha evaluado ni un solo expediente, porque recién acaba de recibir la documentación de los gobiernos regionales”, enfatizó.

EXPEDIENTES EN ESPERA

A nivel nacional existen 37 000 expedientes pendientes de resolución y cerca de 4 000 recursos de reconsideración de mineros cuyos registros fueron cancelados por supuestos incumplimientos. Solo en Arequipa la carga administrativa alcanza los 11 000 expedientes.

Estos documentos, subraya Flores Suárez, no son simples trámites: cada expediente incluye informes técnicos, observaciones, subsanaciones, permisos y autorizaciones indispensables para la actividad minera. Entre ellos, destacan los permisos de uso de agua, autorización de terreno superficial, las OTS (autorización para adquirir explosivos) y los carnés de manipulador de explosivos.

“El minero ya cumplió, pero el Estado no puede hacer su trabajo. Si un minero no tiene las OTS aprobadas y la policía lo sorprende con explosivos, se le procesa como delincuente, cuando en realidad es el Estado el que lo ha dejado sin documentos”, advirtió. La falta de permisos, además, provoca conflictos con comunidades campesinas y agrava la informalidad que el propio gobierno dice combatir.

INESTABILIDAD Y BUROCRACIA

El retraso también tiene causas políticas. Según Flores, la rotación constante de funcionarios en la Dirección de Formalización Minera genera un cuello de botella. “Han vuelto a nombrar a directores que antes fueron retirados. Nadie organiza, nadie firma. Así no se puede avanzar”, criticó.

A ello se suman errores materiales en documentos oficiales —como fallas en números de DNI o en datos del titular— que permanecen sin corregirse. “Son miles los casos y bastaría una firma para resolverlos. Pero cuando un fiscal detiene al minero con datos erróneos, este enfrenta un proceso penal porque ‘aparentemente es otra persona’. Es absurdo”, recalcó.

Maniobras políticas y “payasadas” electorales

El dirigente también cuestionó la politización del proceso y las maniobras que retrasaron la aprobación de la prórroga. Denunció que algunos congresistas “intentaron aprovechar el tema con fines electorales”.

PROPUESTAS DESDE AREQUIPA

Frente a la lentitud estatal, la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa propuso un conjunto de mecanismos concretos para hacer efectiva la prórroga y acelerar la formalización.

Entre las principales medidas destacan:

Avance colectivo en permisos clave: simplificar los procedimientos de autorización de explosivos (OTS), SIRA y CIGFONES a través de procesos colectivos.

Aplicación del silencio administrativo positivo (SAP): de manera que, si el Estado no responde dentro del plazo establecido, el trámite se considere aprobado automáticamente.

Mesas técnicas permanentes de diálogo: reuniones periódicas entre la federación y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para resolver observaciones y unificar criterios técnicos.

El vocero anunció que el Minem conformará un equipo técnico itinerante que visitará Arequipa regularmente, mientras la Federación integrará su propio grupo de especialistas para confluir propuestas y consensuar soluciones.

El objetivo, según Flores, es que estos dos años de ampliación sirvan para cerrar definitivamente el proceso de formalización y dar seguridad jurídica a quienes ya cumplieron con la ley. “No queremos seguir en la informalidad ni vivir perseguidos. Queremos trabajar en regla y aportar al país, pero el Estado debe cumplir su parte”, afirmó.