Por: Carlos Meneses

La ciudadanía exige firmeza ante la criminalidad, pero también sensatez. El país necesita una reforma profunda, no improvisada. Cualquier propuesta de cambio radical debe ser coherente con el Estado de derecho y basada en evidencias, no solo en indignación.

En el escenario político actual, surgen propuestas de un “cambio radical” en la Policía Nacional y una renovación total del sistema judicial para responder al reclamo ciudadano por seguridad y justicia, los dos pilares más debilitados del Estado peruano. Sin embargo, más allá de la retórica, las preguntas obligadas son cómo, con quiénes y bajo qué mecanismos se concretarían transformaciones de esa magnitud sin poner en riesgo la institucionalidad democrática.

Es decir, la Policía necesita una “depuración desde el más alto rango hacia abajo”, porque “los delincuentes están protegidos por policías que forman parte del crimen”. Propone también una “refundación del Servicio de Inteligencia” y la derogatoria de las llamadas leyes pro-crimen, que favorecen la impunidad. En el plano judicial, plantea la renovación de magistrados de la Corte Suprema y del Ministerio Público, con límites de edad y nuevas reglas de permanencia.

La infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia es una realidad palpable. Pero las soluciones deben ser cuidadosamente diseñadas para no repetir errores del pasado. Hablar de “depuración” o “refundación” suena atractivo en campaña, pero sin un marco técnico, legal y ético, tales acciones pueden derivar en arbitrariedades o purgas políticas. El desafío es reformar sin desmantelar, reconstruir sin destruir.

En materia migratoria, proponen el “empadronamiento total” de ciudadanos venezolanos, medida que busca identificar a quienes se encuentren en situación irregular. Si bien el control migratorio es legítimo en cualquier Estado, debe garantizarse que no se estigmatice a comunidades enteras ni se alimente la xenofobia. El combate a la delincuencia no puede confundirse con la exclusión de quienes buscan una vida digna en el Perú.

En paralelo, plantean un referéndum nacional para aprobar sus reformas constitucionales si el Congreso se opone. “El pueblo va a ordenar”, ha dicho, apelando a la democracia directa. La herramienta del referéndum es válida, pero su uso debe ser responsable y no populista: no todo problema estructural se resuelve desde las urnas, y menos si se busca debilitar los contrapesos institucionales.

También han tocado temas económicos, como la necesidad de aprovechar el auge de los minerales mediante un catastro minero y reglas claras de seguridad jurídica. Esa visión, más técnica, podría contribuir al debate nacional si se sustenta en políticas inclusivas y sostenibles.