Allanan 11 inmuebles del

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional ejecutaron un megallanamiento de 11 inmuebles vinculados al Gobierno Regional de Lima (Gore Lima), incluida la vivienda de la gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado. El operativo forma parte de la investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante la actual gestión regional, en el caso denominado ‘Los Compadres de la Corrupción’.

Las intervenciones se realizaron entre la madrugada y primeras horas de la mañana del viernes 21 de noviembre en diversas jurisdicciones: Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí. Agentes fiscales y policiales ingresaron a oficinas de Gobernación y Logística del Gore Lima, así como a viviendas y locales supuestamente empleados por funcionarios para actividades administrativas o como residencias temporales. La Fiscalía reportó que durante la diligencia se buscó asegurar documentación clave y otros elementos de convicción.

OPERATIVO

En la sede del Gobierno Regional de Lima, la diligencia generó retraso en el ingreso del personal administrativo, debido a la presencia de las autoridades fiscales. El gerente regional, Leonardo Edison Vílchez Fernández, sostuvo que la institución brindó todas las facilidades necesarias para la intervención. “Aquí no hay nada que ocultar. Hay que colaborar con las autoridades; se le está brindando toda la información”, señaló.

Vílchez explicó que la medida sorprendió a los funcionarios y que no existían detalles claros sobre qué caso específico había motivado el operativo. Sin embargo, reconoció que la Fiscalía ejecuta investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción cometidos durante la actual gestión. También precisó que no se registraron detenidos y que la diligencia se desarrolló con normalidad.

La hipótesis fiscal está centrada en un posible esquema de favorecimiento dirigido a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., que entre 2023 y 2025 habría recibido 21 órdenes de servicio por más de S/ 300 mil. Según la investigación preliminar, el dueño de la compañía, César Oliva, sería compadre de la gobernadora regional, lo que habría facilitado contrataciones irregulares.

El caso llegó a la atención pública tras un reportaje que reveló que la dirección fiscal de CESOLIV correspondía a una cevichería, pese a que la empresa era contratada para labores como suministro de alimentos, adquisición de bienes y mantenimiento preventivo. Para la Fiscalía, estas inconsistencias son indicios de que la empresa no reunía las condiciones necesarias para ejecutar los servicios contratados.