PERÚ COMPETITIVIDAD

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 comenzaron el pasado sábado bajo una sombra evidente: con obras claves que no estuvieron listas a tiempo. Este incumplimiento ha vuelto a encender la discusión sobre la capacidad del Estado peruano para ejecutar infraestructura deportiva de gran escala, especialmente cuando estamos a solo dos años de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El caso más simbólico es el del Estadio Cuna de la Libertad, ubicado en la ciudad de Ayacucho, el cual debió ser sede de los Juegos Bolivarianos. Con apenas 22 % de avance físico a la inauguración de los Juegos, los retrasos eran previsibles desde el inicio: el calendario de obra, de 18 meses contados desde diciembre de 2024 (cuando se inició la obra), ya anticipaba una culminación a mediados de 2026. A ello se suma un incremento de más del 15 % en su presupuesto: de S/ 367 millones en el expediente técnico inicial a un costo actualizado de S/ 423 millones. Es decir, S/ 56 millones adicionales.

La incapacidad combinada del Gobierno Regional de Ayacucho, como ejecutor del proyecto, y del IPD, como entidad responsable del evento, obligó a trasladar a Lima diversas disciplinas que originalmente se iban a desarrollar en la región. Lamentablemente, este no es un caso aislado, sino un caso más. Según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad (CPC), a octubre de 2025 existían 12 619 proyectos públicos con retrasos en su finalización —un retraso promedio de 712 días— y el 30% de los proyectos con presupuesto asignado ni siquiera había iniciado su ejecución. Este nivel de ineficiencia tiene consecuencias reales: hospitales inconclusos, obras paralizadas, ciudades con pistas cerradas durante años y sobrecostos que paga la ciudadanía.

En contraste, parte del éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019 se explica por haber adoptado un modelo distinto. Se creó un Proyecto Especial dedicado exclusivamente a la gestión del evento y, sobre todo, se firmó un acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. Gracias a ello, se introdujeron mecanismos modernos de gestión de proyectos, como los contratos NEC, que promueven colaboración, definición clara de riesgos y responsabilidades, y evitan las trabas típicas de la Ley de Contrataciones Públicas. Obras emblemáticas —como la Videna, la Villa Panamericana o el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo— se ejecutaron a tiempo bajo este esquema.

Asimismo, se permitió el uso de Convenios de Administración de Recursos (CAR), mediante los cuales entidades públicas transfirieron la gestión de contrataciones a organismos internacionales con experiencia. Tal fue el caso de la Municipalidad de Lima, que encargó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las Naciones Unidas, la ejecución de proyectos viales esenciales, la mayoría culminados oportunamente (salvo el proyecto de mejoramiento de la avenida Huaylas, en Chorrillos).

La comparación no deja dudas: cuando se aplican mecanismos modernos de gestión, con equipos especializados y contratos que alinean incentivos, las obras se ejecutan a tiempo. Cuando se repite el esquema tradicional —fragmentado, burocrático— los retrasos y sobrecostos son, lamentablemente, la norma.

Los Juegos Bolivarianos 2025 deben servir como una señal de alerta. No solo por la cercanía de Lima 2027, sino porque el Perú necesita, con urgencia, un cambio estructural en cómo gestiona sus proyectos de inversión. En esa línea, desde el CPC reiteramos la necesidad de implementar Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) cuando se requiera ejecutar una cartera estratégica de proyectos, ya sea para la ejecución de unos Juegos o para aquellos sectores con mayor cantidad de proyectos de infraestructura —como Transportes y Vivienda— para asegurar una formulación y ejecución más eficiente de los proyectos públicos.