Por: Carlos Meneses

La democracia se fortalece cuando ambos actores —Estado y prensa— actúan con independencia, pero también con respeto. Las tensiones entre poder y medios son inevitables; lo peligroso es que esas tensiones se transformen en enfrentamiento. Si el premier Álvarez cumple con su palabra de mantener un diálogo transparente con el periodismo, el país ganará en confianza y estabilidad institucional. Porque sin libertad de prensa no hay control del poder, y sin respeto a la autoridad legítima, tampoco hay orden democrático.

En toda democracia madura, el respeto mutuo entre la prensa y el Gobierno es una piedra angular del sistema republicano. La libertad de prensa no es una concesión del poder político, sino un derecho esencial que garantiza la vigilancia ciudadana y el equilibrio entre los poderes. De la misma manera, la autoridad legítimamente constituida debe ejercer su rol sin hostilidad hacia los medios, entendiendo que la crítica no es enemistad, sino un componente vital de la transparencia.

Las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reafirman ese principio. Al señalar que el proyecto de facultades legislativas no busca atacar a la prensa, sino sancionar la infidencia que favorece la impunidad de delincuentes, el premier marca una línea de distinción necesaria: no es lo mismo el periodismo de investigación que el acto de filtrar información judicial o policial para alertar a los investigados. La diferencia entre ambos comportamientos no solo es ética, sino también legal.

Sin embargo, en un contexto de desconfianza hacia la clase política, toda propuesta vinculada al flujo de información sensible debe analizarse con cautela. Las normas que regulen la comunicación pública pueden convertirse fácilmente en instrumentos de censura si no se redactan con claridad ni con participación plural. Por eso, el anuncio de que se convocará a periodistas para revisar los borradores del futuro decreto legislativo resulta positivo. El diálogo abierto es el mejor antídoto contra la sospecha.

El respeto mutuo exige equilibrio: el Gobierno no debe ver en la prensa un adversario, y los medios tampoco deben atribuir al Ejecutivo intenciones persecutorias sin fundamento. La función periodística debe seguir firme en su deber de informar, fiscalizar y denunciar, pero también con responsabilidad frente a la confidencialidad de los procesos judiciales. Del mismo modo, el Ejecutivo tiene la obligación de promover la libertad informativa, incluso cuando la crítica le resulte incómoda.