Por Carlos Meneses

En momentos en que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones es alta, el país necesita ver en su Gobierno una conducta responsable y legalista. La justicia no puede imponerse a la fuerza, sino dentro de los márgenes que el propio Estado ha jurado respetar. Esa es, al fin y al cabo, la verdadera prueba de madurez democrática.

El pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en torno al caso de la ex premier Betssy Chávez, marca un punto necesario de equilibrio en medio de la tensión política y diplomática generada por su permanencia en la Embajada de México. Su aclaración —que el Gobierno no contempla un ingreso forzado a la sede diplomática— busca restablecer la confianza en que el Estado actuará con respeto a las normas internacionales y a los límites que impone el derecho.

El contexto no es menor. Chávez se refugió en la embajada poco antes de que el Poder Judicial ordenara su prisión preventiva, en el marco del proceso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde entonces, el caso se ha convertido en un desafío jurídico y político, donde se cruzan la soberanía nacional, la diplomacia y la justicia.

Las declaraciones iniciales del presidente José Jerí —quien sostuvo que evaluaría “todas las posibilidades” para cumplir con el mandato judicial, incluso un eventual ingreso a la embajada mexicana— fueron interpretadas como una amenaza de vulnerar la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Por ello, la intervención del premier Álvarez resulta oportuna: al precisar que las palabras del mandatario fueron “descontextualizadas”, el jefe del Gabinete busca evitar que el Perú enfrente una crisis diplomática con México y una erosión de su imagen internacional.

La prudencia no es debilidad. En este caso, es una muestra de fortaleza institucional. Un gobierno que actúa dentro de la ley demuestra respeto por el Estado de derecho, incluso cuando enfrenta situaciones irritantes o injustas. La evasión de Betssy Chávez puede considerarse una afrenta a la justicia peruana, pero la respuesta no puede ser una violación del derecho internacional, porque eso sería repetir los errores del pasado: actuar por impulso, sin medir las consecuencias.

El Ejecutivo debe sostener, con firmeza y serenidad, su posición: exigir justicia sin vulnerar tratados, exigir respeto sin transgreder principios. La cooperación diplomática y el diálogo con México son los únicos caminos legítimos.