Reincidencia en casos de violencia complica la protección a víctimas en Arequipa

Giancarlo Torreblanca Gonzáles, juez especializado en Violencia Familiar. Durante 2025, la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) registró 14 mil 890 denuncias por violencia y dictó 11 mil 113 medidas de protección contra las víctimas. De los casos, el 35.99% involucran a denunciados reincidentes. Es decir, al menos 1 de cada 3 denunciados por violencia vuelve a cometer la agresión e incumple las medidas de protección dispuestas. Esto resulta especialmente preocupante debido a que la mayoría de las víctimas son mujeres.

Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta fecha, vale resaltar que de las 14 mil 890 denuncias recibidas, el 77.39% corresponde a mujeres, mientras que el 22.61% a hombres. Lo que evidencia que las mujeres siguen siendo víctimas mayoritarias. En cuanto a tipos de violencia, el 10.64% corresponde a violencia sexual, 39.51% a física, 48.21% a psicológica y 1.63% a patrimonial. Lo preocupante es que en la mayoría de casos los agresores son reincidentes.

«La reincidencia tiene muchos elementos para analizar. Desde que el módulo inició en 2018 tenemos 130 mil 630 procesos y la policía debe vigilar a más de 130 mil víctimas. Entonces, la reincidencia puede ocurrir porque no hay una correcta vigilancia o seguimiento. También puede ser porque lamentablemente hay agresores que no han interpretado correctamente las primeras medidas de protección que hemos otorgado», sostuvo Giancarlo Torreblanca Gonzáles, juez especializado en Violencia Familiar y encargado del Módulo Judicial Integrado de la CSJAR.

Ante los casos de reincidencia, el Poder Judicial incrementa el nivel de coerción y restricción de derechos en contra de los denunciados. En casos severos, es posible dictar la prohibición de acercamiento, comunicación y retiro del domicilio. Liz Figueroa Tejada, jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado de la CSJAR, informó que buscan dictar medidas de protección en menos de 24 horas. Para ello implementaron un nuevo medio para canalizar las denuncias directamente al Poder Judicial. Los casos pueden presentarse directamente en el Módulo de Justicia, evitando acudir a la PNP.

La CSJAR divide las denuncias en tres niveles de riesgo: leve con 38.40%, moderado con 31.94% y severo con 29.66%. Lo que evidencia que el nivel de agresividad en los actos de violencia está recrudeciendo. «La pandemia nos ha dejado una situación sui generis. El nivel de riesgo severo significa que la agresividad puso en riesgo la integridad de la vida de la víctima. Registramos 29.66% cuando en años anteriores no superaba el 19%. Esto difiere de años anteriores, donde los casos eran en su mayoría leves o moderados», afirmó Torreblanca Gonzáles.

USO DE IA

Durante 2025, la CSJAR recibió alrededor de 1400 denuncias por agresiones sexuales. Este tipo de delitos mantiene un crecimiento sostenido ante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Estas agresiones exponen a adolescentes y mujeres a nuevas modalidades de extorsión y amenazas. Los operadores identifican que grupos en Facebook y WhatsApp se emplean para difundir fotografías o videos íntimos generados con IA y forzar a las víctimas a entregar más contenido o acceder a exigencias de carácter sexual.

Torreblanca Gonzáles explicó que, acorde a las denuncias, los agresores emplean herramientas de inteligencia artificial para modificar imágenes, crear contenidos falsos e intensificar la presión. En varios expedientes también se advierte que los responsables realizan seguimientos a las familias para reforzar las amenazas. «En mi juzgado tengo más de 30 denuncias respecto a este tipo de eventos en 2025. No podría calcular la cifra a nivel regional, porque no hemos hecho ese estudio aún. No obstante, la cifra total es mayor, teniendo en consideración todos los juzgados», señaló.

En los despachos judiciales explican que la legislación vigente no regula de manera específica estos casos. Las intervenciones se sustentan en la Ley 32.164 para dictar medidas de protección y evitar la difusión del material. En algunos procesos se ordenó la incautación inmediata de celulares y computadoras para frenar las agresiones. No existe un registro oficial de cuántas denuncias se vinculan directamente con el uso de inteligencia artificial, aunque los juzgados reportan un incremento claro durante 2025.

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