Por Jorge Turpo R.

Hallan deficiencias en comisarías de Arequipa. La Contraloría confirma que comisarías como Palacio Viejo, Miguel Grau y Jesús María tienen infraestructura colapsada, equipos obsoletos y policías sin condiciones para trabajar.

COMANDO POLICIAL DICE CRISIS SE ARRASTRA DE AÑOS

La discusión sobre la seguridad en Arequipa suele enfocarse en los escándalos policiales.

Agentes detenidos por corrupción, investigaciones que cuestionan su conducta y casos que alimentan la desconfianza ciudadana. Sin embargo, detrás de esa imagen deteriorada hay otra realidad casi invisible y mucho más profunda. La mayoría de los policías que sí cumplen su función trabajan en condiciones indignas, riesgosas y operativamente insostenibles.

Las comisarías donde deberían planificar operativos, atender denuncias y responder a emergencias están deterioradas, sin mantenimiento, con infraestructura colapsada y equipos que no permiten sostener ni los servicios mínimos.

Esa es la conclusión que revelan los últimos informes de la Contraloría General de la República en Paucarpata y en el Cercado de Arequipa.

El caso de la Comisaría de Jesús María, en Paucarpata, resume con crudeza la situación. Un informe de visita de control confirma que el servicio de patrullaje a pie no se realiza porque no hay personal suficiente.

Esta ausencia no es un detalle administrativo, sino una ruptura directa del esquema básico de vigilancia urbana.

El patrullaje a pie es la forma más elemental y visible de presencia policial, la que permite advertir problemas en la vía pública, disuadir delitos y reforzar la percepción de seguridad.

Sin él, Jesús María queda sin el contacto más inmediato entre el ciudadano y la autoridad, un vacío que se nota en las calles, donde el patrullero pasa cada vez menos y, cuando lo hace, apenas puede cubrir rutas mínimas.

COLAPSO

La falta de personal no es el único problema. La infraestructura de esta comisaría está prácticamente al borde del colapso.

Los ambientes presentan paredes con desprendimientos de tarrajeo, cielos rasos con filtraciones constantes y humedad extendida, especialmente en el tercer nivel donde el dormitorio de varones muestra ladrillos expuestos y daños estructurales que evidencian falta total de mantenimiento.

Las instalaciones eléctricas están en condiciones tan precarias que cables expuestos conviven con zonas humedecidas, generando un riesgo permanente de cortocircuitos o accidentes.

Las luminarias no funcionan en varios ambientes y los baños tienen fugas de agua que se arrastran desde hace meses sin atención.

Todo esto, según la Contraloría, compromete la integridad del personal y de los usuarios, y convierte el trabajo policial en una actividad desarrollada en un entorno inseguro incluso antes de enfrentar a la delincuencia.

El panorama se agrava con la precariedad del mobiliario, formado por sillas inestables, escritorios deteriorados y colchones viejos que no cumplen ninguna condición mínima de descanso.

SIN TECNOLOGÍA

A ello se suma un déficit tecnológico alarmante: solo diecinueve computadoras disponibles, de las cuales funcionan trece, y cinco impresoras, de las cuales operan apenas tres.

Con ese equipamiento, la elaboración de atestados, consultas, denuncias y reportes administrativos se vuelve lenta, ineficiente y vulnerable.

La comisaría tampoco cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, un requisito que debería ser básico en cualquier edificio público, más aún en uno donde se resguarda información sensible.

MIGUEL GRAU

Las deficiencias no se limitan a Paucarpata. La Comisaría de Miguel Grau enfrenta filtraciones en los techos que ponen en riesgo la estabilidad de la infraestructura y la permanencia del personal.

Las puertas de diversos ambientes están malogradas por falta de mantenimiento, lo que afecta tanto la seguridad interna como la capacidad operativa del servicio.

Al igual que en Jesús María, esta dependencia tampoco cuenta con la certificación técnica de seguridad, lo que deja expuesto no solo a los policías sino también a los ciudadanos que acuden a presentar denuncias o realizar trámites.

PALACIO VIEJO

En el Cercado, la situación de la Comisaría de Palacio Viejo evidencia otro problema estructural, no cumple con la cantidad mínima de efectivos requeridos para su categoría. Esta carencia afecta directamente la capacidad para prevenir delitos en una zona central que concentra comercio, transporte y un flujo constante de ciudadanos.

Sus ambientes también están deteriorados, con paredes y techos que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad ni salubridad.

El mobiliario es precario y dificulta tareas básicas, mientras que la falta de equipos informáticos suficientes y la presencia de impresoras en mal estado comprometen la seguridad de la información y la continuidad de las labores administrativas.

Palacio Viejo tampoco cuenta con el certificado de seguridad en edificaciones, lo que deja en evidencia que el problema no es aislado sino estructural en varias dependencias policiales.

GENERAL RECONOCE PROBLEMA

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides Ponce de León, reconoció sin rodeos que las comisarías atraviesan una crisis que “no se puede ocultar”. Señaló que las observaciones de la Contraloría ya fueron elevadas a la Comandancia General y que las carencias responden a un problema estructural arrastrado por años, con una logística policial que tiene más del 80 % de su vida útil vencida.

Aun así, defendió la labor de su gestión y aseguró haber inspeccionado personalmente las 101 comisarías de la región para tener un diagnóstico actualizado y preciso de sus necesidades.

Frente al deterioro, Benavides sostuvo que existe un plan de reconstrucción en marcha que incluye ocho comisarías, entre ellas las de Cayma y Matarani, ejecutadas bajo obras por impuestos, además de Tiabaya, Congata y Alto Selva Alegre. Añadió que se realizan gestiones de saneamiento de terrenos en Yura, Cerro Colorado y Chala para levantar nuevas dependencias.

Sobre la falta de equipamiento, anunció la llegada de cien patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional y la compra de doscientos chalecos antibalas y doscientos fusiles que serán entregados en diciembre, destinados a las unidades con mayor riesgo.

Los informes de la Contraloría recomiendan acciones urgentes, pero las fallas identificadas revelan algo más profundo que simples omisiones de mantenimiento.

Son señales de un sistema que exige resultados a policías que trabajan en locales deteriorados, sin personal suficiente y con herramientas que no les permiten responder a la ciudadanía.

Arequipa reclama seguridad, pero antes de exigir eficiencia y presencia policial, es necesario reconocer que los agentes que sí cumplen su labor lo hacen en condiciones que el propio Estado ha permitido que se degraden al límite.

La seguridad comienza por casa, y en este caso, las casas de la policía se están cayendo a pedazos.