Exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

Por Jorge Turpo R.

El exministro de Economía no descarta un impuesto a las sobreganancias. Lo apoya, siempre que tenga un uso productivo, transparente y orientado exclusivamente a infraestructura. “El verdadero desafío no es cuánto recaudar, sino qué hacer con cada sol”, dice.

RECORDÓ EL “ÓBOLO” MINERO

En medio de un escenario internacional marcado por altos precios de los metales, la discusión sobre un impuesto a las sobreganancias mineras volvió al debate público. Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la clave no está en crear un nuevo tributo, sino en hacer un uso inteligente, transparente y productivo de esos recursos extraordinarios. “El problema no es de ingresos, es de cómo gastamos”, remarca. Su posición, lejos de rechazar la idea, propone una salida que combina eficiencia, gobernanza local y beneficios directos para las comunidades.

Castilla, quien impulsó el aporte voluntario minero durante el segundo gobierno de Alan García, recuerda que ese mecanismo —luego transformado en gravamen minero— tuvo una virtud que hoy parece olvidada: permitió que la empresa, las comunidades y los municipios decidieran juntos cómo invertir los recursos.

La experiencia, asegura, demostró una eficiencia en la ejecución superior a la del Estado.

“Gastamos 2 600 millones de soles en todo el país, y los proyectos se hicieron bien. La gente decidía en qué gastar. Se hicieron caminos, escuelas, centros de salud. Además, se estableció un canal de diálogo que ayudó en la gobernabilidad”, resaltó.

Por eso, ante la propuesta de un impuesto a las sobre ganancias, Castilla no se cierra. Acepta la posibilidad, pero plantea una condición fundamental. Esos recursos no pueden ir al gasto corriente del Estado ni a engordar una burocracia que ya creció muy por encima de lo sostenible.

“Si me dices que ese impuesto va a servir para seguir contratando gente que hará más trámites y más regulación, eso después te golpea en contra. Pero, si lo orientas a infraestructura, ya la discusión es otra”, indica.

En esa línea, plantea retomar el modelo del aporte voluntario, pero convertido en un fondo obligatorio, directamente vinculado a proyectos de infraestructura y, sobre todo, administrado con participación de las propias empresas mineras bajo esquemas similares a “obras por impuestos”.

La clave, dice, es garantizar eficiencia. No se trata solo de recaudar más, sino de invertir mejor.

DISCIPLINA FISCAL

De otro lado, Castilla advierte que cualquier propuesta tributaria será inútil si el país no recupera la disciplina fiscal.

Desde su perspectiva, el Estado se desordenó porque tanto el Congreso como el Ejecutivo cedieron al populismo del gasto inmediato y sin planificación.

“La realidad no se puede ocultar: el gasto corriente creció por encima del PBI nominal y la planilla pública se multiplicó casi por seis en 20 años. ¿Realmente necesitamos ese incremento?”, cuestionó.

El exministro fue enfático al señalar que los titulares del MEF, incluidos los de los últimos años, deberían haber asumido mayor firmeza.

“Cuando el Congreso aprueba normas que inflan el gasto, el Ejecutivo debe observarlas, ir al Tribunal Constitucional, hacer cuestión de Estado. Pero no lo hacen, porque creen que medidas populares no se pueden enfrentar”, apuntó.

Esta permisividad, afirma, explica por qué el país dejó de crecer a su potencial. Con precios internacionales favorables, Castilla estima que Perú podría estar expandiéndose a tasas de 6 % o más.

“La ineficiencia del sector público nos está costando crecimiento, inversión y bienestar”, señala.

MINERÍA: MÁS QUE IMPUESTOS

Castilla insiste en que el verdadero impacto económico de la minería está en su capacidad de generar un ecosistema de proveedores industriales.

Hoy, esa cadena representa apenas el 4 % del PBI; Chile llega a 7 % y Australia a 10 %. “Podríamos aspirar a 8 % si desarrollamos una masa crítica de proveedores peruanos. Ahí está la apuesta de largo plazo”, afirma.

Los altos precios de los minerales —el factor que alimenta la discusión de las sobreganancias— deberían aprovecharse no solo para recaudar, sino para impulsar este clúster industrial, capaz de generar empleo en manufactura, servicios, transporte y construcción.

“La minería directa emplea poco, pero el clúster sí tiene un impacto enorme en el mercado laboral”, explica.

CANON Y BENEFICIOS DIRECTOS

Castilla es tajante al hablar del canon minero. Los gobiernos subnacionales reciben montos récord, pero los resultados son pobres.

“Arequipa recibió 1 050 millones este año y no vemos dónde está la plata. La clave es gastar bien, no solo gastar”, dice.

Propone retomar una idea que impulsó como ministro: que una parte menor del canon se distribuya directamente a los ciudadanos de las zonas productoras una o dos veces al año, acompañada de capacitación para que ese dinero sea invertido en vivienda, pequeños negocios o capital humano.

“Lo ideal es que se use en inversiones, pero al final cada persona es libre de decidir”, señala.

Una redistribución más amplia del canon —para beneficiar también a regiones sin actividad minera— es posible, pero extremadamente costosa políticamente.

Castilla lo vivió en carne propia, su proyecto fue rechazado de plano en el Congreso.

“Cualquier cambio en el canon es explosivo. Pero hay que empezar a trabajarlo de manera responsable”, concluyó.