Por Jorge Turpo R.

Corte toma medidas para que nuevo proceso tenga garantías de seguridad. El presidente de la Corte Superior de Justicia, Nicolás Iscarra, reconoció que este año ya no es posible aplicar la nueva evaluación. Más de 1400 personas fueron perjudicadas.

PROCESO ERA PARA NOMBRAMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS

La Corte Superior de Justicia de Arequipa atraviesa uno de los episodios más graves de los últimos años. La filtración de la prueba destinada a seleccionar a trabajadores a tiempo indeterminado.

Lo que debía ser un concurso histórico por su alcance —106 plazas y más de 1 400 postulantes inscritos— terminó convertido en un escándalo que ha puesto bajo sospecha la transparencia institucional y ha obligado a suspender todo el proceso hasta el próximo año.

El presidente de la Corte, Nicolás Iscarra Pongo, confirmó que la nueva evaluación ya no podrá realizarse en 2025.

Las razones, según explicó, son estrictamente logísticas. La coordinación para elaborar y aplicar un nuevo examen requiere tiempo, y ese tiempo ya no existe dentro del calendario judicial.

No es posible ejecutar la evaluación este año, dejando en el aire la frustración de miles de postulantes que se prepararon durante meses.

La causa de la suspensión ya es conocida, la prueba fue filtrada por un trabajador de la propia Corte, quien la habría difundido mediante un correo Hotmail.

El hecho no solo anuló el proceso completo, sino que expuso una vulnerabilidad interna que ahora investiga la Fiscalía y la Policía.

El trabajador de informática involucrado fue separado del cargo mientras duren las diligencias, pero su identidad y sus declaraciones aún no han sido reveladas por la presidencia de la Corte.

Para los más de 1 400 postulantes, la noticia ha sido devastadora. Muchos de ellos, trabajadores actuales del Poder Judicial que esperaban acceder a un puesto estable, consideran que el daño es doble porque pierden la oportunidad inmediata del concurso y deben cargar con el descrédito que este caso vuelve a colocar sobre la administración de justicia.

“Todo esto nos perjudica porque ya podríamos haber accedido a una de las plazas, y ahora continuaremos trabajando en nuestros mismos lugares, con el mismo sueldo”, lamentó uno de los aspirantes.

La postergación también golpea a profesionales externos que buscaban ingresar al sistema judicial, una oportunidad que no se presenta todos los años y que, en esta ocasión, había generado altas expectativas.

El concurso ofrecía nombramiento en diversas áreas administrativas, en lo que se había calificado como el proceso de selección más importante de la última década en la Corte de Arequipa.

Pero más allá del perjuicio a los postulantes, el caso ha puesto en entredicho la capacidad interna del Poder Judicial para garantizar procesos transparentes.

Resulta alarmante que un trabajador —con acceso directo a información reservada— pudiera extraer y difundir un examen sin que ningún mecanismo de control lo detectara previamente.

En ese contexto, llamó la atención la decisión del presidente Iscarra de no remover a los integrantes de la comisión evaluadora.

Su argumento es que fue precisamente la comisión la que denunció la irregularidad; por tanto, considera injusto desplazarla.

Sin embargo, los postulantes cuestionan que no se evalúe por lo menos una reorganización de responsabilidades, dado que toda la estructura del proceso quedó vulnerada.

Iscarra insistió en que se están tomando medidas para asegurar que el nuevo proceso, previsto para 2026, tenga todas las garantías de seguridad.

Se trabaja en la elaboración de un nuevo banco de preguntas, en controles más estrictos y en protocolos que impidan que un solo trabajador pueda acceder al contenido del examen.

Lo preocupante es que, a más de quince días de presentada la denuncia, aún no se conocen los detalles completos de la filtración.

¿Actuó solo el trabajador implicado? ¿Hubo beneficiarios identificables? ¿Existe una red que trafica con información sensible dentro de la Corte? Sin respuestas claras, la sombra de la duda se extiende sobre la institución.

En un sistema judicial donde la confianza ciudadana ya es frágil, casos como este la erosionan aún más.

La filtración del examen no solo frustró un concurso, sino que dejó al descubierto una cultura de fallas internas que, de no corregirse, seguirá comprometiendo la legitimidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Mientras tanto, más de 1 400 personas deberán esperar varios meses más para competir por un puesto.