Fotos Jorge Esquivel

A puertas del inicio de la temporada de lluvias, las municipalidades de Arequipa aún no concluyen las acciones de mitigación de riesgos en sus puntos críticos. De acuerdo a la Plataforma Regional de Defensa Civil, al menos siete distritos concentran la mayor cantidad de zonas vulnerables: Alto Selva Alegre, Paucarpata, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Chiguata y José Luis Bustamante y Rivero. Por ello, los municipios deben limpiar los cauces colmatados de desmontes y residuos sólidos.

AUTORIDADES PUEDEN SER DENUNCIADAS SI NO TOMAN ACCIONES

Durante octubre y noviembre, la Fiscalía de Prevención del Delito trabaja con los 29 distritos de la provincia para verificar el avance de estas labores. Ante cualquier emergencia, el primer nivel de respuesta corresponde a los municipios distritales; el segundo, a los municipios provinciales; y el tercero, al Gobierno Regional de Arequipa. Los tres niveles tienen responsabilidades distintas ante posibles incidentes ocasionados por las precipitaciones; sin embargo, las intervenciones aún no concluyen.

«En general, las municipalidades están en fase de ejecución de fichas técnicas para la limpieza de torrenteras. Hay algunas más avanzadas que otras, pero todavía no se ha concluido el proceso de limpieza. (…) Desde la Municipalidad Provincial nos han pedido hacer incidencia en la limpieza de drenajes. Estos representan un problema porque de ahí salen los desagües. Los gobiernos locales y Sedapar deben limpiarlos», declaró Ana Cecilia Cordero Echenique, fiscal de Prevención del Delito.

Durante los operativos, se identificó que Alto Selva Alegre concentra la mayor cantidad de invasiones de cauces, seguido por Paucarpata, Cerro Colorado, Chiguata y Mariano Melgar. Se halló acumulación de basura, desmontes y obstrucciones que podrían agravar el impacto de las lluvias en zonas habitadas. Aunque distritos como Cayma y Mariano Melgar avanzan con mayor rapidez gracias a convenios con el Ministerio de Vivienda, otros como José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca y Paucarpata proyectan culminar sus intervenciones a mediados de diciembre.

En tanto, Pocsi no cuenta con recursos suficientes para intervenir todos sus puntos críticos y articula apoyo con otros niveles de gobierno. Conforme a la Ley N.º 31365, los municipios pueden financiar hasta el 20 % de los fondos del canon minero para tareas de emergencia mediante el Programa Presupuestal 0068. «Se busca que ellos determinen si requieren apoyo con maquinarias del municipio provincial», indicó la fiscal.

Cordero Echenique recordó que la labor preventiva incluye la capacitación de brigadistas, distribución de sacos terreros, abastecimiento de almacenes de emergencia e instalación de sistemas de alerta temprana. Estas acciones deben ejecutarse antes del inicio de las lluvias que, aunque inicialmente se proyectaban para enero del 2026, según el Senamhi podrían comenzar en diciembre del 2025.

La Fiscalía puede denunciar por omisión de funciones a los gerentes de Gestión de Riesgos que no intervengan zonas previamente identificadas, así como a los gerentes de Desarrollo Urbano que no fiscalicen ocupaciones en áreas que representan riesgo. Además, las personas que edificaron en zonas peligrosas y no se retiran pese a las notificaciones municipales pueden enfrentar denuncias por desacato y, si un menor resulta afectado, por exposición al peligro.

Las visitas preventivas se realizan junto a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial y la Gerencia de Gestión del Riesgo del Gobierno Regional, entidades que ya fueron notificadas sobre los hallazgos y las medidas que deben ejecutar en las torrenteras inspeccionadas.