El viernes 28 de noviembre se aprobó la Ley de Presupuesto Público de 2026. El dictamen establece un presupuesto total de S/ 257,6 mil millones, apenas 2,3% más que lo programado para 2025. A primera vista, se trata de uno de los menores crecimientos de los últimos años. Sin embargo, esa aparente moderación esconde señales de alarma: el gasto corriente aumenta en 6%, mientras que la inversión pública se reduce en 13%.

En términos agregados, este patrón replica el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en agosto. En particular, destaca el incremento de la partida de personal y obligaciones sociales, que aumenta 14%, es decir, S/ 11 300 millones adicionales en un solo año. La mayor parte responde a decisiones en materia remunerativa tomadas en 2024 y 2025 que, al anualizarse, generan una presión permanente sobre el presupuesto. El problema de fondo es que este mayor gasto corriente se financia sacrificando el gasto de capital.

La inversión pública, el tipo de gasto público con mayor impacto en productividad, crecimiento y provisión de servicios, retrocede 13%, lo que implica cerca de S/ 9 000 millones menos para infraestructura. A ello se suma un riesgo ya conocido: 2026 será el primer año de gestión para nuevas autoridades regionales y locales, una etapa usualmente marcada por desorden administrativo, rotación de equipos y pérdida de continuidad. A manera de referencia, a octubre de 2025 se registraron 13.308 proyectos descontinuados y un preocupante 30% de proyectos con ejecución cero, pese a contar con recursos asignados. Es decir, tendremos menos presupuesto para inversión, menor capacidad de ejecución y, probablemente, menor voluntad política para priorizar proyectos que ya estaban en marcha.

Paradójicamente, mientras se expanden las partidas para remuneraciones y pensiones, han quedado sin financiamiento las becas anunciadas por el premier: 20 000 becas de Beca 18, 8 000 de Beca Permanencia y 4 720 becas para estudios técnicos, que en conjunto suman S/ 793 millones. Este monto es pequeño si se compara con los incrementos salariales aprobados, pero crucial para cerrar brechas de acceso a educación superior. La omisión revela, en primer lugar, una falta de prioridades claras. Además, muestra cómo se privilegia la ampliación de beneficios laborales sobre inversiones sociales estratégicas que generan movilidad social y retornos de largo plazo.

A estos riesgos se añade un elemento adicional ya advertido por el Consejo Fiscal: el Congreso impulsa iniciativas que incrementan el gasto permanente por casi S/ 26 mil millones, completamente al margen del presupuesto de 2026. Entre las medidas más costosas destacan la autógrafa de ley que incrementa la pensión de docentes cesantes al nivel del salario básico (S/ 7 684 millones), la autógrafa de nombramiento automático de profesores (S/ 4 568 millones), el proyecto de ley de incremento remunerativo para trabajadores CAS (S/ 4 025 millones) y el proyecto de ley para la homologación de beneficios laborales (gratificaciones y CTS) para el mismo régimen (S/ 3 050 millones). Ninguna de estas iniciativas identifica fuentes de financiamiento permanentes, lo que contraviene principios esenciales de responsabilidad fiscal y compromete la sostenibilidad presupuestal de los próximos años.

El riesgo no es solo teórico. El país ya enfrenta un espacio fiscal estrecho y niveles de déficit por encima del límite establecido en la regla macrofiscal. El déficit fiscal proyectado para 2025 según el BCRP ronda el 2,4% del PBI. En este contexto, cada expansión del gasto rígido reduce la capacidad del Estado para financiar bienes públicos, responder a shocks y sostener servicios esenciales.

El resultado es claro: un presupuesto que crece poco, pero cuya composición empeora aceleradamente. Se privilegia el gasto rígido y de corto plazo, mientras se recorta la inversión y se dejan sin recursos programas fundamentales para la movilidad social, como las becas dirigidas a poblaciones vulnerables. En paralelo, el Congreso multiplica iniciativas que expanden el gasto laboral sin sustento técnico ni fiscal. La combinación es peligrosa: un Estado más caro y con menor capacidad de cerrar brechas sociales e impulsar productividad.

Si el país continúa por esta senda, la discusión presupuestal dejará de ser un ejercicio de priorización estratégica y se convertirá en una carrera por ampliar beneficios sin evaluar costos ni sostenibilidad. El presupuesto, al igual que las finanzas de cualquier hogar, requiere equilibrio y prioridades claras. Hoy, lamentablemente, estamos eligiendo las peores.