Por: Carlos Meneses

La ciudad que queremos no se impone, se inspira. Y empieza ahí, justo en la puerta de casa, cuando decidimos cuidar el lugar que compartimos.

La propuesta anunciada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que los parlamentarios y sus asesores no reciban viáticos ni pasajes durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026 —periodo clave de la campaña electoral— llega en un momento en que la desconfianza ciudadana hacia la clase política toca niveles críticos. El planteamiento busca, según sus propias palabras, “evitar malas interpretaciones” respecto al uso de fondos públicos en plena contienda electoral. Un gesto necesario, sin duda, pero cuya eficacia real amerita un análisis más profundo.

Antes ya se había impulsado esta idea cuando presidió la Comisión de Constitución, y ahora cuenta con el respaldo de congresistas como Norma Yarrow, quien ha alentado a que la Mesa Directiva la apruebe. La intención es clara: impedir que los recursos destinados a la semana de representación —un mecanismo ya cuestionado por su uso discrecional y escasa fiscalización— se conviertan en herramientas de proselitismo encubierto.

Sin embargo, el contexto legislativo introduce matices importantes. En septiembre se incorporó al Reglamento del Congreso el artículo 25-A, que permite a los parlamentarios “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” sin que ello afecte el deber de neutralidad. Esta disposición, impulsada por la bancada fujimorista y sustentada por el propio Rospigliosi, amplió significativamente el margen de acción política de los legisladores durante la campaña. Si bien se impide el proselitismo en horarios de comisión o pleno —salvo licencia sin goce—, la norma abre la puerta para que la semana de representación se convierta en un espacio privilegiado para la difusión de mensajes partidarios.

Aquí es donde la propuesta de eliminar viáticos y pasajes adquiere un matiz ambiguo. Por un lado, reduce el riesgo de que el Estado financie indirectamente actividades electorales. Pero, por otro, deja intacta la posibilidad de que los congresistas utilicen su presencia territorial —a menudo financiada con recursos propios o del partido— para reforzar su campaña o la de su bancada. La neutralidad electoral, en este escenario, sigue dependiendo más de la voluntad política que de un marco normativo sólido.

Por tanto, es un gesto valioso, pero insuficiente. El país necesita reglas claras y consistentes que garanticen que ningún poder del Estado se ponga al servicio de intereses electorales. La eliminación temporal de viáticos puede ayudar a mitigar sospechas, pero no resolverá por sí sola la percepción de que el Congreso actúa con sesgos y cálculos partidarios.

Si la Mesa Directiva aprueba esta medida, será un paso en la dirección correcta. Pero lo que exige la ciudadanía es más que gestos: es coherencia, fiscalización estricta y un compromiso real con la transparencia en tiempos electorales. Sólo así será posible recuperar la confianza perdida y asegurar que la campaña de 2026 se desarrolle en un terreno verdaderamente neutral.