En una jornada marcada por la tensión y el debate político, el pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, tras reconsiderar una primera votación que no había alcanzado los votos suficientes.

TAMBIÉN APRUEBAN DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA

La medida fue respaldada por 71 congresistas, mientras que 19 votaron en contra y tres se abstuvieron. El Parlamento le atribuye a Espinoza responsabilidad en la aprobación de un reglamento interno del Ministerio Público que, según el Legislativo, contraviene la Ley 32130, la cual establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la sesión, el Congreso también aprobó una acusación constitucional contra Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Con esta decisión, el expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación para las acciones correspondientes.

La votación definitiva se logró tras un pedido de reconsideración presentado por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular), que permitió reabrir el debate. En la primera votación, la sanción había recibido solo 63 adhesiones, cinco menos de las requeridas.

Durante la segunda votación, se sumaron los votos de legisladores como José María Balcázar (Perú Libre), Edhit Julón (Alianza para el Progreso), Ana Zegarra (Somos Perú), Guido Bellido (Perú Libre), Francis Paredes (Podemos), Silvia Monteza (Acción Popular), Katy Ugarte (Juntos por el Perú) y Kira Alcarraz (no agrupada), quienes en la primera oportunidad se habían abstenido o no participaron.

A favor de la inhabilitación votaron principalmente las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Podemos Perú y Honor y Democracia. En contra se pronunciaron legisladores del Bloque Democrático Popular, la Bancada Socialista y algunos congresistas no agrupados.

El informe que sustentó la sanción había sido aprobado previamente por la Comisión Permanente del Congreso, por lo que sus 28 integrantes no participaron en la votación del pleno.

PERSECUCIÓN  POLÍTICA

A su llegada al Parlamento, Delia Espinoza calificó la acusación como una “persecución política” y una “venganza” por las investigaciones que lideró contra altos funcionarios y políticos. “No participé en ninguna de las fases para elaborar, revisar ni aprobar el reglamento que hoy se usa para acusarme”, declaró a la prensa.

Durante la sesión plenaria, la fiscal suspendida defendió su gestión y rechazó haber cometido delito o infracción alguna. “Desde el inicio de mi gestión la verdad ha sido un principio fundamental. Estoy aquí no por haber cometido una falta o un delito, sino porque a través de este proceso inconstitucional se quiere enviar un mensaje: ‘o te sometes o pierdes tu trabajo’”, expresó en su intervención ante el hemiciclo.

La acusación constitucional también involucraba a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, aunque sus casos fueron archivados por la Comisión Permanente al no encontrarse elementos que los vincularan directamente con la aprobación del reglamento cuestionado.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El proceso contra Delia Espinoza se originó por la aprobación de un reglamento del Ministerio Público que, según el Congreso, habría alterado la función de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares. Para los legisladores que promovieron la acusación, esta decisión configuraría una violación a los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución.

Desde su suspensión, Espinoza ha mantenido que el procedimiento en su contra responde a presiones políticas y a un intento de debilitar la independencia del Ministerio Público. Diversos constitucionalistas y exfiscales han manifestado posiciones divididas sobre la proporcionalidad de la sanción, mientras otros cuestionan la intervención del Legislativo en competencias del sistema de justicia.

Con esta votación, Espinoza queda inhabilitada para ocupar cualquier cargo público hasta el año 2035, mientras la Fiscalía de la Nación evaluará si corresponde abrir una investigación penal por los delitos imputados.

La decisión del Congreso ha generado reacciones en el ámbito político y jurídico, reavivando el debate sobre los límites del control parlamentario frente a las instituciones autónomas del Estado.