Supervisan vigilancia policial y militar en frontera con Tacna.

En medio del incremento del flujo migratorio irregular y el estado de emergencia vigente en la frontera sur, la Contraloría General de la República (CGR) inició un operativo de control multisectorial para evaluar la eficacia de las acciones de seguridad y control migratorio en el límite entre Perú y Chile. La intervención, desarrollada desde la madrugada de este miércoles, reveló la ausencia de personal militar en puntos estratégicos de vigilancia, pese a la declaratoria de emergencia.

El equipo de auditores desplegado por la CGR realiza inspecciones en los principales puestos fronterizos, entre ellos el Complejo Fronterizo Santa Rosa y el Hito N°1. Durante la visita, se constató que no había presencia militar en la zona, situación que genera preocupación ante la persistente llegada de migrantes indocumentados y la falta de una respuesta articulada entre las entidades competentes.

La Contraloría busca verificar si los ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, así como la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Migraciones, cumplen con las disposiciones que ordenan patrullajes y operaciones conjuntas en el resguardo de la frontera. También se supervisa el funcionamiento del Comando de Coordinación Unificado de Tacna, instancia creada para reforzar la seguridad bajo el Decreto Supremo N° 135-2025-PCM, que declaró en emergencia los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos.

En materia migratoria, los auditores constataron el funcionamiento de los módulos de atención en el complejo fronterizo, los equipos biométricos y los espacios para control secundario. Sin embargo, se identificaron limitaciones en los lectores de huellas dactilares y una operatividad parcial del personal, lo que dificulta el control eficiente del flujo de personas.

La Contraloría permanecerá en la zona durante toda la semana para emitir un informe con hallazgos y recomendaciones dirigidas a las entidades involucradas. El operativo busca garantizar que el Estado actúe con eficacia ante una situación crítica que combina riesgos de seguridad, migración irregular y débil presencia institucional en una de las fronteras más sensibles del país.