Por: Carlos Meneses

El desafío, ahora, será convertir los acuerdos en resultados tangibles. La cooperación internacional solo será efectiva si se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos y en un Estado más capaz de enfrentar las amenazas del crimen global.

El reciente encuentro entre el canciller Hugo de Zela y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington D. C., representa un paso relevante en la consolidación de una política exterior peruana que busca reforzar la cooperación internacional frente a la delincuencia organizada transnacional. En un contexto de amenazas crecientes vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos, la alianza entre ambos países adquiere una importancia estratégica.

La criminalidad transnacional no reconoce fronteras. En los últimos años, las organizaciones ilícitas han expandido sus redes en Sudamérica, aprovechando la debilidad institucional, la corrupción y la falta de coordinación entre los Estados. Perú no ha sido ajeno a esa realidad: la penetración del narcotráfico en diversas zonas del país y su vínculo con estructuras criminales internacionales exigen una respuesta integral que combine inteligencia, tecnología, cooperación judicial y desarrollo social.

El compromiso asumido por ambas naciones para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa es una señal positiva. La visita a Lima de una delegación de alto nivel de especialistas en seguridad de Estados Unidos permitirá definir estrategias concretas que ayuden a fortalecer las capacidades nacionales en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, es fundamental que esa cooperación se desarrolle con pleno respeto a la soberanía nacional y con objetivos compartidos que beneficien directamente al Estado peruano.

El diálogo entre De Zela y Rubio también incluyó temas de cooperación económica y tecnológica, como el impulso al sector aeroespacial, la atracción de inversiones en minerales críticos y el desarrollo de infraestructura. Estos espacios de colaboración son esenciales no solo para la seguridad, sino también para la reactivación económica y el fortalecimiento de la relación bilateral que, en 2026, cumplirá dos siglos de historia diplomática.

El Perú necesita recuperar una política exterior proactiva, orientada al interés nacional y respaldada por una diplomacia profesional. La lucha contra la delincuencia organizada requiere no solo acuerdos bilaterales, sino también una institucionalidad sólida, un sistema judicial eficiente y una Policía fortalecida. En ese sentido, la cooperación con Estados Unidos debe ser vista como una oportunidad para modernizar nuestras capacidades y reafirmar el compromiso del país con la seguridad, la justicia y la democracia.