Por Jorge Turpo R.

Obras en puesto de salud de Cayma de anterior gestión municipal fueron observadas. Gestión de Jaime Chávez provocó un perjuicio económico de más de 3 millones de soles por no cobrar penalidades a contratista y otras irregularidades.

SEGÚN INFORME DE LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República ha determinado la responsabilidad del exalcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma, Jaime Pedro Chávez Flores, por graves irregularidades en la ejecución y recepción de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios del puesto de salud La Tomilla, pueblo joven La Tomilla, distrito de Cayma, provincia y región Arequipa”.

De acuerdo con el informe de auditoría, la obra quedó inconclusa, pero fue valorizada, conciliada y recibida en condiciones desfavorables para la municipalidad, generando un perjuicio económico al Estado superior a los S/ 3,3 millones durante su gestión.

El informe de control concluye que, bajo su gestión, se aprobaron pagos indebidos, se omitieron controles técnicos y legales, y se favoreció al contratista mediante conciliaciones irregulares.

Según el órgano de control, funcionarios municipales otorgaron conformidad y pago a valorizaciones pese a que la obra presentaba partidas inconclusas y serias deficiencias constructivas.

Posteriormente, ya en la etapa final de su gestión, el entonces alcalde Chávez Flores adoptó decisiones que profundizaron el daño económico: excluyó al procurador público municipal y permitió que una abogada externa, ajena al Sistema de Defensa Jurídica del Estado, represente a la municipalidad en un proceso conciliatorio extrajudicial solicitado por el contratista.

Esta actuación fue formalizada mediante la Resolución de Alcaldía N.° 697-2022-MDC, emitida el 23 de diciembre de 2022, con la cual Chávez Flores modificó una resolución previa para delegar en la Oficina de Asesoría Jurídica la designación de abogados con facultades para conciliar.

La Contraloría subraya que esta decisión contravino la normativa vigente, ya que la facultad de conciliar y firmar acuerdos es exclusiva del Procurador Público Municipal y requiere autorización expresa del titular de la entidad.

Lo más grave, señala el informe, es que el exalcalde tenía pleno conocimiento del marco legal. En dos intentos de conciliación anteriores, el propio procurador municipal había participado formalmente, con facultades otorgadas por resoluciones de alcaldía. Pese a ello, Chávez Flores optó por desplazarlo y permitir una representación externa, configurando una intervención directa y consciente en un procedimiento irregular.

Además, la Contraloría advierte una omisión deliberada: no se puso en conocimiento de la abogada ad hoc información técnica clave que advertía que la obra no estaba concluida y que el contratista no había subsanado las observaciones formuladas.

Informes técnicos emitidos en julio, octubre y noviembre de 2022 señalaban reiteradamente estas deficiencias, pero no fueron considerados antes de la suscripción de las actas de conciliación.

Como consecuencia de estas decisiones, se firmaron dos actas de conciliación sin sustento técnico ni legal, que beneficiaron al contratista y perjudicaron a la municipalidad.

Entre los principales efectos se encuentran el reconocimiento de cinco ampliaciones de plazo injustificadas, la recepción de una obra inconclusa, la exoneración al contratista de reponer 690 dispositivos médicos, y la inaplicación del cobro de penalidades por retrasos injustificados.

Sólo por penalidades no cobradas, el perjuicio económico asciende a S/ 521 344,59, a lo que se suma la obligación de que la municipalidad elabore y ejecute un expediente de saldo de obra para intentar culminar el proyecto con recursos públicos adicionales. En total, el daño económico identificado supera los S/ 3 354 157,92.

La Contraloría concluye que estas conductas vulneraron la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, la normativa del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y el Código de Ética de la Función Pública, además de incumplir funciones expresamente asignadas al alcalde por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Entre ellas, la obligación de defender y cautelar los intereses de la municipalidad y de los vecinos.

El informe es categórico. Los descargos no desvirtúan los hechos observados y subsiste la responsabilidad de, Jaime Chávez Flores, en su condición de alcalde de Cayma durante el periodo 2019-2022. Su participación será desarrollada en el Informe de Auditoría y en el apéndice jurídico correspondiente, donde se evaluará además el cómputo de los plazos de prescripción.

El caso vuelve a poner en evidencia cómo decisiones políticas y administrativas, tomadas al margen de la ley, pueden traducirse en obras inconclusas, servicios deficientes y millonarias pérdidas para el Estado, cuyos costos terminan siendo asumidos por los ciudadanos.