Por: Carlos Meneses

Si el objetivo real es mejorar eficacia y transparencia, el Ministerio Público tiene el deber de mostrar el mapa técnico: informes de desempeño, cronogramas de traspaso, custodios de expedientes y acuerdos con jueces y órganos internacionales cuando corresponda. Si no lo hace, la “Bajada de Reyes” correrá el riesgo de convertirse en la bajada de la justicia. Y eso no será motivo de fiesta: será otra derrota para la lucha contra la corrupción y para la confianza pública.

La decisión anunciada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de disolver los equipos especiales —entre ellos los que trabajaron los emblemáticos casos Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop— y formalizarla el 6 de enero despierta una mezcla peligrosa de arbitrariedad y espectáculo institucional. No es un ajuste técnico menor; es una reforma que altera la arquitectura misma de la lucha contra la corrupción y que, a la vez, se presenta con la solemnidad de un acto folclórico: “los hemos considerado reyes, los bajamos en la Bajada de Reyes”, dijo el fiscal.

La justificación oficial —que los equipos “no han dado resultado” y que las fiscalías especializadas asumirán los procesos— exige más que consignas: pide argumentos públicos, evaluaciones técnicas y garantías de continuidad investigativa. Los casos que manejaron esos equipos han acumulado décadas de complejidad, recursos probatorios dispersos y redes de poder que no se desactivan por decreto ni por una puesta en escena mediática. Reasignar causas sin un plan claro de custodia de la evidencia y sin salvaguardas institucionales equivale a abrir grietas por donde se colará la impunidad.

Peor aún si la medida se anuncia como cierre administrativo ya decidido el 19 de diciembre, y solo se deja la formalidad para enero. Ese procedimiento —decidir primero, formalizar después— erosiona la percepción de independencia y transparencia del Ministerio Público. En democracia, los cambios en organismos encargados de investigar a los poderosos deben responder a criterios técnicos, no a calendarios políticos ni a mensajes pintorescos.

No se trata de defender estructuras por devoción: toda institución debe evaluarse y, cuando proceda, reestructurarse. Pero la prudencia exige que el relevo o la reorganización garanticen continuidad, protección de las investigaciones en curso y mecanismos que impidan la captura de procesos por intereses particulares. La ciudadanía merece saber quién, cómo y con qué criterios asumirá hoy las pesquisas que ayer lideraron equipos especializados.