El Poder Judicial advierte incremento sostenido de padres que incumplen el pago de pensiones alimentarias. A nivel nacional, ya suman cerca de 8,000 personas en el Redam.

MÁS DE 1 500 INSCRITOS EN EL 2025

Arequipa encabeza la lista nacional de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), con 1,530 ciudadanos que, hasta diciembre de 2025, no cumplieron con el mandato judicial de brindar pensión alimentaria a sus hijos, hijas o dependientes. El Poder Judicial advirtió que la cifra no solo es la más alta del país, sino que refleja un incremento sostenido en la región y en todo el territorio nacional durante los últimos cinco años.

A nivel nacional, el número total de deudores asciende a 8,000 personas, cifra superior a los 7,495 registrados en 2024 y muy por encima de los 3,115 contabilizados en 2023. En 2021 apenas se inscribieron 421 casos, lo que demuestra un crecimiento exponencial del problema. Solo 60 personas fueron retiradas del registro este año tras ponerse al día con los pagos ordenados por los jueces.

Según explicó el Poder Judicial, el Redam tiene como finalidad identificar a quienes adeuden tres cuotas sucesivas o alternadas de pensiones alimentarias fijadas por mandato judicial. La medida busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, además de promover una cultura de cumplimiento responsable entre los padres y madres.

Este aumento preocupa, pues refleja “no solo una falta de responsabilidad económica, sino también emocional hacia los hijos”. Indicó que muchos procesos de alimentos se extienden por meses debido a la sobrecarga en los juzgados de familia, lo que retrasa la ejecución de las sentencias. “Detrás de cada número hay un menor que deja de recibir lo necesario para su alimentación, salud o educación”, señaló.

Las cifras del Poder Judicial muestran que, después de Arequipa, las cortes con más registros de deudores son Lambayeque (941), Tumbes (831), Huánuco (789), Amazonas (657) y Huaura (649). En el extremo opuesto, las cortes de Ica (13), Del Santa (11), Ucayali (9) y Cajamarca (7) presentan los índices más bajos.

La inscripción en el Redam tiene consecuencias legales y administrativas severas. Las personas morosas no pueden postular a cargos de elección popular, trabajar ni ser proveedoras del Estado, ni acceder a créditos financieros. Además, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibe mensualmente la información para incluirla en la Central de Riesgos, lo que afecta su historial crediticio.

El registro también permite ejecutar medidas como el embargo de bienes, la retención de ingresos o descuentos por planilla, según las disposiciones judiciales. Para ser eliminados del padrón, los deudores deben cancelar la totalidad de la deuda o autorizar un sistema de pago directo y constante.

En Arequipa, los especialistas advierten que el incremento de casos responde a varios factores: la precariedad laboral, el crecimiento de hogares monoparentales y, en algunos casos, la evasión deliberada del cumplimiento judicial. Sin embargo, el factor cultural sigue siendo determinante. “Aún persiste la idea de que el padre ausente no tiene mayores obligaciones si no vive con sus hijos, y eso es inaceptable”, indicaron voceros del programa de defensa familiar del MIMP.

El Poder Judicial reiteró su llamado a cumplir con las obligaciones alimentarias y recordó que el incumplimiento no solo tiene consecuencias legales, sino también éticas y sociales. En una región como Arequipa, donde más de mil quinientos niños y adolescentes esperan el cumplimiento de una sentencia alimentaria, el registro del Redam no es solo una lista de morosos, sino un reflejo de una deuda pendiente con la infancia.