Por: Carlos Meneses

La cifra de más de 1,500 inscritos solo en Arequipa debe generar reflexión local. La familia es el núcleo de toda sociedad, y su debilitamiento impacta directamente en la formación de futuras generaciones. Cumplir con la pensión alimentaria no es un favor, es una obligación moral, legal y humana. El Redam no debería ser un simple registro estadístico, sino un recordatorio contundente de que la responsabilidad empieza en casa.

El reciente informe del Poder Judicial revela un incremento preocupante en el número de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). Hasta diciembre de 2025, unas ocho mil personas figuran en este registro por incumplir el mandato judicial de pasar pensión a sus hijos o hijas. Más allá de las cifras, este aumento evidencia un grave problema social y moral: el abandono de responsabilidades básicas hacia quienes más dependen de los adultos, los niños y adolescentes.

El Redam no solo es una herramienta administrativa, sino una medida de justicia y protección. Su existencia busca salvaguardar derechos fundamentales y poner límites a la impunidad de quienes deciden incumplir una orden judicial. Cada nombre inscrito representa una historia de desamparo, una madre que debe sostener sola a su familia o un menor que deja de recibir lo que le corresponde por derecho. Resulta alarmante que, pese a las advertencias y sanciones, la cifra de deudores continúe en aumento año tras año.

La medida que impide a los morosos postular a cargos de elección popular o ser proveedores del Estado es, sin duda, un avance importante. Quien no cumple con una obligación tan esencial como la pensión alimentaria no puede pretender ocupar espacios de representación ni de servicio público. La ética y la coherencia son requisitos mínimos para ejercer un cargo de confianza ciudadana. No es posible hablar de valores, familia o justicia desde el abandono.

Sin embargo, el incremento constante de inscritos también revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y ejecución de sentencias. Muchos procesos de alimentos se prolongan por meses, e incluso años, lo que desincentiva el cumplimiento y agrava la situación de las víctimas. Es necesario dotar a los juzgados de familia de mayores recursos humanos y tecnológicos para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Asimismo, urge promover una cultura de responsabilidad parental que vaya más allá del temor a las sanciones.