REFLEXIONES

En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de intensos debates sobre la necesidad de modernizar sus sistemas tributarios para lograr mayor equidad, sostenibilidad fiscal y crecimiento con justicia social. Sin embargo, a pesar de la claridad sobre los beneficios de una mayor progresividad fiscal, los intentos de reforma tributaria en varios países han enfrentado barreras políticas profundas que han llevado a su fracaso.

Un caso reciente que ilustra esta tendencia es el de Colombia, donde una propuesta de reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro –orientada a aumentar la recaudación mediante una mayor tributación a los sectores con mayor capacidad de pago– fue rechazada en el Congreso antes de recibir un tratamiento legislativo más amplio. La iniciativa no logró consolidar una mayoría política que la respaldara.

Este patrón no es ajeno a otros países de la región. Gobiernos que han planteado reformas con el objetivo de reducir la desigualdad y financiar políticas sociales han chocado con congresos opositores, intereses económicos bien articulados y narrativas que asocian la tributación más alta con menor inversión privada o incertidumbre económica. En Chile, la reforma propuesta en el 2023 también fue archivada, pese a buscar recursos para educación, salud y pensiones. El común denominador es la dificultad de articular una mayoría política sustentada en consensos amplios.

El Perú también ha enfrentado dificultades en este terreno. Durante el gobierno de Pedro Castillo se propuso una reforma tributaria que no logró cristalizarse plenamente, aun con delegación de facultades legislativas, en una ley consensuada, en parte por la confrontación política entre el Ejecutivo y el Congreso, y por la falta de diálogo extendido con actores sociales y económicos. Este antecedente evidencia que no basta con la intención, es indispensable una arquitectura política que permita acuerdos sostenibles.

La importancia de avanzar hacia sistemas tributarios más progresivos radica en que la región, históricamente, ha dependido en gran medida de impuestos indirectos al consumo, que impactan con mayor fuerza en los ingresos de hogares de menores recursos, y ha recaudado menos que los promedios de países desarrollados. Esta estructura tributaria limitada restringe las capacidades de los Estados para financiar bienes públicos, reducir brechas de desigualdad y responder a crisis de manera eficaz.

Para que una reforma tributaria tenga éxito se requieren, al menos, cuatro elementos: un diseño técnico sólido que combine progresividad, claridad normativa y estabilidad macroeconómica; un pacto político amplio que trascienda mayorías circunstanciales; mecanismos de transparencia que vinculen claramente los ingresos adicionales con mejoras en servicios públicos; y una narrativa pública que explique con claridad los beneficios para la mayoría de la población.

Sin estos elementos, las reformas tributarias seguirán siendo objetos de confrontación y resistencia, más que herramientas para fortalecer la justicia fiscal y la cohesión social.

En el Perú persiste un reto político evidente: el debate fiscal suele quedar relegado frente a agendas centradas en disputas coyunturales o intereses particulares dentro del Congreso. Mientras tanto, siguen pendientes discusiones de fondo sobre cómo financiar el desarrollo y garantizar igualdad de oportunidades. La campaña electoral que se avecina constituye una oportunidad inmejorable para colocar este tema en el centro del diálogo nacional: ¿cómo construimos un sistema tributario que beneficie a la mayoría y no solo a quienes tienen mayor capacidad de influencia? Quienes aspiran a gobernar deben presentar propuestas sólidas y transparentes para que el país avance con responsabilidad y justicia.