REFLEXIONES

El Perú ha demostrado, una y otra vez, que puede crecer, pero no que puede desarrollarse. La diferencia entre ambas palabras –a menudo tratadas como sinónimos– se explica en un concepto fundamental: la institucionalidad. Sin ella, cualquier ciclo económico favorable se diluye; cualquier oportunidad histórica se desperdicia; cualquier promesa de futuro se desvanece. Por desgracia, eso es exactamente lo que ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia.

El país ha tenido momentos inmejorables para dar el salto hacia el desarrollo. El primero fue la bonanza del guano en el siglo XIX, una riqueza que hubiera permitido construir infraestructura, consolidar un Estado moderno y sentar las bases de un proyecto nacional. Sin instituciones que ordenaran y protegieran ese proceso, la bonanza se convirtió en despilfarro, corrupción, conflicto y fragilidad. Más de un siglo y medio después, ocurrió lo mismo con el superciclo de los metales: crecimos, sí; redujimos pobreza, también; pero no construimos institucionalidad. La pandemia se cebó con nosotros porque ese crecimiento no se tradujo en detalles esenciales como camas hospitalarias y oxígeno. El país volvió a desperdiciar una oportunidad tal vez irrepetible.

Las causas son claras. La clase política peruana, profundamente cortoplacista, ha demostrado una incapacidad alarmante para pensar en el país como proyecto colectivo. Desde el Congreso hasta diversas élites políticas y económicas, muchos han visto las instituciones no como bienes públicos, sino como instrumentos para neutralizar al adversario o para ampliar cuotas de poder. El resultado está a la vista.

El Ministerio Público, institución clave para el Estado de derecho, ha sido sometido a presiones, disputas internas y celebraciones facciosas que debilitan su legitimidad. El Congreso ha modificado más del 57% de la Constitución con criterios que, lejos de fortalecer el equilibrio democrático, han concentrado poder en algunos sectores y han debilitado la capacidad del Estado para actuar con eficiencia. A ello se suma el reparto político de cargos en organismos esenciales cuyo funcionamiento debería ser estrictamente técnico y meritocrático y la derrota de reformas claves, como la de la educación universitaria. Las consecuencias de estas prácticas son evidentes: tribunales, organismos reguladores y entidades autónomas operan con menos capacidad, menos independencia y menos credibilidad.

Tenemos otro síntoma grave: la erosión de la Presidencia de la República, debilitada por el uso discrecional de la vacancia y por dinámicas que han producido siete presidentes en los últimos 9 años. Ninguna economía puede proyectarse hacia el futuro si su centro de gravedad institucional es tan inestable.

Todo esto revela una premisa fundamental: mientras las élites no internalicen que la institucionalidad es un bien público necesario, el Perú no saldrá del estancamiento. No se trata de ideología ni de simpatías políticas, no se trata de derechas o izquierdas, ni de comunistas o “caviares”. Se trata de entender que el desarrollo solo es posible cuando las reglas son estables, las instituciones son respetadas y la política renuncia a la tentación de manipularlas para beneficio inmediato.

El Perú ya pagó muy caro su falta de institucionalidad. La pregunta crucial es si aprenderemos la lección antes de que una nueva oportunidad –cuando llegue– vuelva a escaparse entre nuestras manos.