Por: Carlos Meneses

Hoy, la enfermedad no es el único enemigo. También lo son la negligencia, la desidia y la corrupción enquistada en un sistema que olvidó a quienes debía servir. La salud de los peruanos no puede seguir dependiendo de la suerte o de la paciencia de quienes agonizan esperando una respuesta.

El desabastecimiento de medicamentos e insumos en EsSalud Arequipa no es un problema administrativo ni una simple coyuntura: es una emergencia sanitaria que pone en riesgo la vida de miles de asegurados. Las cirugías suspendidas, los tratamientos interrumpidos y los pasillos repletos de pacientes que esperan una respuesta del sistema revelan un colapso institucional alimentado por la ineficiencia y la indiferencia de sus autoridades.

Más de tres mil pacientes permanecen en lista de espera para una intervención quirúrgica en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. El tiempo promedio de espera supera los 570 días. Son dos años de dolor, incertidumbre y angustia. En especialidades como oftalmología, traumatología o urología, la demora se ha vuelto inaceptable; y en el caso de pacientes oncológicos, el retraso puede equivaler a una sentencia de muerte.

La suspensión de operaciones por falta de insumos expone el rostro más cruel de la burocracia. Médicos que no pueden operar sin anestésicos, sin suturas, sin equipos básicos; farmacéuticos que notifican la ausencia de más de 50 medicamentos esenciales; pacientes con VIH y cáncer que interrumpen su tratamiento porque simplemente no hay qué administrarles. No se trata de falta de presupuesto, sino de incapacidad de gestión. En la Central de Abastecimiento (Ceabe), donde deberían garantizar la compra oportuna de fármacos y materiales, impera la desorganización y la improvisación.

Mientras tanto, desde Lima y desde la gerencia regional se multiplican los comunicados vacíos, las promesas incumplidas y las explicaciones que no curan. En Arequipa, la red asistencial está encabezada por una gestión incapaz de ofrecer respuestas concretas. Y cuando los trabajadores o los pacientes alzan la voz, la reacción institucional es el silencio o la represalia.

EsSalud no puede seguir actuando como si la salud pública fuera un trámite más. Cada cirugía suspendida, cada tratamiento interrumpido, cada paciente que muere esperando un medicamento, constituye una falla ética y humana imperdonable. Lo que está en juego no es la reputación de un funcionario, sino el derecho fundamental a la vida y a la atención médica digna.