Por Hugo Andía.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la mayor preocupación del país. No hay región, distrito ni barrio que escape al miedo cotidiano que genera el avance del crimen organizado. Este fenómeno, que erosiona la convivencia y mina la confianza en las instituciones, es hoy la amenaza más seria contra la estabilidad nacional.

El Perú enfrenta múltiples retos en su desarrollo, pero ninguno tiene un impacto tan directo sobre la vida de la gente como la violencia y la impunidad. El ciudadano común no pide milagros, pide vivir sin temor. Y esa demanda legítima exige una respuesta firme, sostenida y coherente del Estado en todos sus niveles.

En los últimos años, las organizaciones criminales han penetrado estructuras políticas, económicas y sociales, poniendo a prueba la capacidad del Estado para garantizar el orden. No se trata solo de delitos comunes, sino de redes complejas que operan con poder económico y logístico, desafiando abiertamente la autoridad.

Por ello, resulta necesario respaldar las medidas que fortalezcan el principio de autoridad y devuelvan eficacia a la acción del Estado. El reciente paquete normativo impulsado por el Ejecutivo —en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso— representa un paso importante en esa dirección. Endurecer las sanciones contra la desobediencia a la autoridad, restringir beneficios penitenciarios para delitos graves y fortalecer las herramientas de la Policía Nacional no son gestos simbólicos, sino decisiones que pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.

Además, la ampliación del marco penal frente a la tenencia ilegal de armas y la posibilidad de actuar con mayor rapidez en casos de flagrancia —como extorsión, sicariato y secuestro— son medidas que responden a una realidad alarmante: la criminalidad no espera, y el Estado tampoco puede hacerlo.

Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan. La seguridad ciudadana requiere continuidad, coordinación institucional y una estrategia nacional que trascienda los gobiernos de turno. La lucha contra el crimen no puede convertirse en un eslogan político, sino en una política de Estado sostenida en el tiempo.

El desafío es enorme, pero ineludible. Si el Estado no recupera la autoridad, la sociedad seguirá viviendo en la incertidumbre. En momentos como este, la unidad es una necesidad, no una consigna. La respuesta al crimen debe ser firme, democrática y constante. Solo así los peruanos podremos recuperar lo que hoy parece un privilegio: la tranquilidad.