Por Carlos Meneses

El país necesita liderazgo, sí, pero sobre todo eficacia. Y en ese terreno, el Gobierno aún está en deuda.

El presidente José Jerí encabezó un operativo inopinado en el penal San Judas Tadeo de Carquín, en Huacho, en lo que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, más allá de las imágenes y declaraciones, cabe preguntarse: ¿estas visitas presidenciales producen cambios reales en el sistema penitenciario o son solo gestos políticos frente a una población harta de la inseguridad?

Los penales del país son hoy el corazón operativo de gran parte del crimen organizado. Desde ellos se ordenan extorsiones, estafas, cobros de cupos y asesinatos. En ese contexto, un recorrido presidencial, por más simbólico que sea, no cambia las condiciones estructurales que permiten que las cárceles sigan siendo centros de poder criminal. Los problemas de fondo —corrupción del personal, falta de control tecnológico, sobrepoblación y ausencia de inteligencia penitenciaria— no se resuelven con operativos eventuales ni con anuncios mediáticos.

El mandatario aseguró que continuará liderando intervenciones en distintos penales y que el Estado cuenta con nuevas herramientas legales para combatir el delito. Pero el país ya ha escuchado promesas similares en anteriores gobiernos, todas sin resultados sostenibles. La ciudadanía no necesita ver al presidente en uniforme ni escuchar frases de mano dura, sino constatar que los reclusos realmente han perdido el control de los penales y que las mafias ya no dirigen operaciones desde sus celdas.

Más que visitas sorpresivas, el Ejecutivo debe asumir una política penitenciaria integral y profesional. Ello implica inversiones serias en infraestructura, tecnología, capacitación y depuración del personal del INPE. Requiere además coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para cortar los nexos que facilitan la impunidad.

La inseguridad no se combate con gestos de autoridad de un día, sino con decisiones que transformen las estructuras que alimentan la delincuencia. Si el Gobierno no pasa de las visitas simbólicas a los resultados concretos, su estrategia se desvanecerá tan rápido como las fotos del operativo de Huacho.