PERÚ COMPETITIVIDAD

En el Perú reciente, la erosión de la sostenibilidad fiscal ya no es un fenómeno definido solo por choques externos o errores técnicos de planeamiento macroeconómico. Es, cada vez más, el resultado de un sistema político fragmentado, donde un Congreso sin responsabilidad fiscal efectiva y un Ejecutivo políticamente debilitado han convertido el presupuesto público en moneda de cambio. El resultado es un peligro silencioso pero estructural: la normalización de generar nuevo gasto sin financiamiento, aprobada ley tras ley, en un contexto de presidentes sin respaldo político.

Durante el gobierno de Dina Boluarte y, más recientemente, bajo la presidencia de José Jerí, esta dinámica alcanzó niveles inéditos. Entre 2021 y octubre de 2025 se promulgaron 229 leyes con impacto fiscal adverso, de las cuales 180 corresponden al periodo iniciado en 2023, casi coincidente con la gestión de Boluarte. Esto no es un detalle menor: son normas que recortan ingresos o incrementan gastos corrientes, especialmente gasto asociado a planilla del Estado, sin financiamiento explícito.

Y pese a que el Ejecutivo observó varias de esas leyes, solo tres fueron llevadas al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad. Esto revela un problema político profundo: un Ejecutivo sin músculo parlamentario prefiere ceder ante el Congreso y sacrificar la disciplina fiscal antes que pagar el precio político de una confrontación abierta. En ese equilibrio precario entre autoridad y supervivencia, la sostenibilidad fiscal pierde.

Los números hablan por sí solos. El Consejo Fiscal, utilizando información del Ministerio de Economía, estimó que solo 21 leyes promovidas entre 2024 y octubre de 2025 tendrían un impacto fiscal de S/ 15.2 mil millones en 2026, ascendiendo a S/ 32.3 mil millones hacia 2036. Y cabe resaltar que esto corresponde solo a la fracción del universo total de leyes aprobadas que cuentan con costo estimado, por lo que la necesidad total de financiamiento es con alta probabilidad mayor.

Más aún, al cierre de octubre de 2025 existían 352 iniciativas legislativas en trámite con posible impacto fiscal adverso, con 53 ya estimadas en cerca de S/ 29.3 mil millones para el primer año de implementación. Estas cifras equivalen a compromisos permanentes del Estado, remuneraciones o pensiones, que se plantean sin una fuente de financiamiento clara.

Esta dinámica se entrelaza con otro fenómeno fiscal delicado: la expansión del gasto en planillas públicas. Según datos recientes, el gasto en personal y obligaciones sociales del sector público superó los S/ 85 mil millones al cierre de 2025, con un crecimiento cercano al 30% entre 2021 y 2025. El empleo estatal en términos de número de personas solo creció modestamente, por lo que se deduce que el incremento se concentra en las remuneraciones. 

Este aumento tiene diversas causas, incluyendo aumentos de remuneraciones o ampliaciones de beneficios en sectores como educación, salud e interior que buscan responder a demandas ciudadanas y mejorar servicios públicos. Sin embargo, cuando estos incrementos ocurren sin un vínculo claro con productividad o mejoras medibles, se convierten en un desafío estructural. 

El problema no es solo que el gasto en planillas aumente. Lo más preocupante es que la planilla se ha convertido en el gasto más difícil de corregir: incorpora rigideces laborales, presión política y riesgo de conflicto social cuando se intenta ajustar. Esta característica convierte a esos compromisos en una trampa fiscal: una vez que la estructura de gasto se expande, rara vez retrocede sin consecuencias políticas y sociales. 

En este contexto, el Parlamento ha actuado como fábrica de gasto corriente. Las planillas de burocracia y remuneraciones, especialmente en instituciones con fuerte presencia política, han crecido de forma espectacular. Datos preliminares muestran que incluso el Congreso de la República duplicó su gasto en personal durante el último periodo parlamentario, lo que, en un país con carencias claras en infraestructura y servicios esenciales, es una señal de prioridades invertidas. Por tanto, la política fiscal sostenible requiere que el Ejecutivo recupere su centralidad política para observar leyes inconvenientes para las finanzas públicas y, cuando corresponda, utilizar mecanismos constitucionales como la acción ante el Tribunal Constitucional. 

Finalmente, el precio de un presidente acorralado no se mide en encuestas ni en titulares de los diarios. Se mide en miles de millones de soles comprometidos, en rigideces estructurales que limitan la capacidad de respuesta del Estado en crisis futuras, y en la pérdida de confianza de los ciudadanos sobre la capacidad del Estado para administrar el gasto público con responsabilidad. Más aún, cuando ese acorralamiento se traduce en un gasto permanente sin financiamiento, el costo lo termina pagando toda la sociedad: con menos inversión productiva, menos servicios públicos efectivos y, eventualmente, con más presión tributaria para sostener compromisos que se aprobaron sin financiamiento.