Por Rocío Velazco C.

Una década de crisis institucional que no logró quebrar los fundamentos macroeconómicos del país, pero sí profundizó la distancia entre el crecimiento y el bienestar social.

ESTABILIDAD POLÍTICA EN MEDIO DEL COLAPSO POLÍTICO

Entre octubre de 2016 y enero de 2026, el Perú ha sido escenario de una de las paradojas más sorprendentes de América Latina: mientras su sistema político se hundía en una inestabilidad casi permanente, su economía se mantenía sólida, con inflación controlada, disciplina fiscal y un tipo de cambio estable. Lo que para muchos países sería una combinación insostenible, en el Perú se convirtió en una realidad persistente.

De acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país ha mantenido una solvencia macroeconómica notable pese a los continuos cambios de gobierno. Pero detrás de esa aparente fortaleza se esconde una fractura profunda: la desconexión entre la estabilidad de los mercados y el desgaste del sistema político, cuya crisis crónica ha minado la confianza ciudadana y debilitado la gobernabilidad democrática, sostuvo David Espinoza Riega, analista y consultor en finanzas.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Entre enero de 2016 y enero de 2026, el Perú ha tenido ocho presidentes: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (cinco días), Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

La sucesión acelerada de jefes de Estado —la mayoría removidos antes de concluir su mandato— es reflejo de un deterioro institucional sin precedentes. Según análisis de la BBC y El País, los cambios de gobierno respondieron, casi siempre, a procesos de vacancia, crisis constitucionales o renuncias forzadas.

La inestabilidad se agudizó con la renuncia de Kuczynski en 2018, presionado por un Congreso controlado por el fujimorismo. A ello se sumó el impacto del caso Odebrecht, que arrasó con la clase política y socavó la legitimidad del sistema. Desde entonces, el mecanismo de vacancia presidencial se convirtió en una herramienta política recurrente, subrayó el economista Espinoza Riega.

El episodio más reciente fue la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025, bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. Su salida, en medio de denuncias de corrupción y descontento social, dio paso al breve gobierno de José Jerí, cuya legitimidad también fue rápidamente cuestionada, sostuvo el especialista.

Para el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el problema va más allá de los nombres: se trata de un sistema que no logra producir consensos ni estabilidad. La fragmentación del Congreso —con más de diez bancadas sin cohesión programática— ha convertido la política en un tablero de confrontación constante.

CONGRESO FRAGMENTADO Y EJECUTIVO SIN RESPALDO

Informes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del IEP coinciden en que el Parlamento peruano se ha transformado en un espacio de poder disperso, dominado por alianzas coyunturales y conflictos personales, el docente universitario.

La ausencia de partidos sólidos ha forzado a los gobiernos a depender de acuerdos temporales para sobrevivir. Estas coaliciones, según Latinobarómetro, duran poco y se desintegran al menor conflicto, dejando al Ejecutivo sin apoyo legislativo.

El resultado: una democracia formalmente activa, pero funcionalmente paralizada. Los proyectos de ley se traban, las reformas se diluyen y la ciudadanía percibe una política desconectada de sus necesidades.

ECONOMÍA BLINDADA

Mientras la política se desmoronaba, la economía peruana mostraba una sorprendente resiliencia.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, lo resumió en Davos 2026:

“Pese a haber tenido nueve presidentes en una década, el tipo de cambio casi no se movió y el rendimiento de los bonos se mantuvo estable. La volatilidad política no ha destruido los fundamentos económicos”, resaltó Espinoza Riega,

Y los datos lo respaldan. El sol peruano se ha mantenido entre las monedas más estables de la región, mientras la inflación cerró 2025 en apenas 1.4%, una cifra envidiable en América Latina.

El BCRP conserva más de 90 mil millones de dólares en reservas internacionales, y la deuda pública, según el MEF, se ubica en torno al 32% del PBI, una de las más bajas del continente.

La disciplina fiscal —blindada por una Constitución que prohíbe financiar al gobierno con emisión monetaria— ha sido clave para preservar la confianza de los mercados.

CRECIMIENTO MODERADO, DESIGUALDAD PERSISTENTE

El Banco Mundial y la CEPAL proyectan que el Perú crecerá entre 2.9% y 3.2% en 2026, impulsado por el sector minero y la recuperación del consumo. Sin embargo, el avance económico no ha significado progreso equitativo.

La pobreza monetaria sigue afectando a más del 40% de la población rural, y la informalidad laboral se mantiene en torno al 70%, según el INEI y la OIT.

La paradoja es evidente: un país macroeconómicamente estable, pero socialmente frágil. El crecimiento, concentrado en sectores exportadores, no ha llegado con fuerza a la mayoría de los hogares.

“Tenemos una economía que camina sola, casi desconectada del Estado”, señala el economista Hugo Ñopo, del IEP. “Esa separación entre lo macro y lo micro es la fuente del descontento ciudadano.”

CRISIS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

La estabilidad económica no ha sido acompañada por inversiones sostenidas en infraestructura. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estima que solo una cuarta parte de la red vial nacional está pavimentada, lo que encarece los costos logísticos y limita la conectividad regional.

En salud y educación, las brechas también son profundas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el déficit en infraestructura educativa supera los 70 mil millones de soles, mientras el sistema hospitalario aún sufre las secuelas de la pandemia, indicó Espinoza.

INSEGURIDAD Y DESCONFIANZA

A la inestabilidad política y las brechas sociales se suma la inseguridad ciudadana, hoy la principal preocupación del país. Cifras del Ministerio del Interior revelan que en 2025 se registró una denuncia por extorsión cada 19 minutos, y los homicidios alcanzaron niveles históricos.

Según la Defensoría del Pueblo, estas economías criminales han desbordado la capacidad del Estado, afectando la gobernabilidad y deteriorando la confianza pública.

Esa desconfianza se refleja también en las encuestas. El Latinobarómetro 2025 muestra que solo el 8% de los peruanos confía en el Congreso, y menos del 15% en los partidos políticos. La percepción de corrupción generalizada y la falta de resultados concretos han alimentado la apatía electoral.

ELECCIONES 2026

El país se encamina hacia las elecciones generales de abril de 2026 con más de 30 candidaturas presidenciales inscritas. Los analistas anticipan un escenario fragmentado y un Congreso atomizado, similar al de los últimos años.

La vacancia presidencial —concebida originalmente como una medida excepcional— se ha convertido en un mecanismo recurrente de poder. Para el politólogo Fernando Tuesta, “la institucionalidad peruana ha sido sustituida por la improvisación: un país donde ningún

A pesar de sus cifras macroeconómicas envidiables, el Perú sigue atrapado en una paradoja: estabilidad sin progreso, crecimiento sin equidad, según analizó Espinoza.

Informes del Banco Mundial, la OCDE y la CEPAL coinciden en que la economía peruana requiere reformas estructurales urgentes: reducir la informalidad, mejorar la recaudación tributaria, invertir en infraestructura básica y fortalecer las instituciones públicas.

La estabilidad macroeconómica, por sí sola, ya no basta. Sin una política capaz de traducirla en bienestar social, su legitimidad se erosiona.

El Perú llega a 2026 con un mensaje claro: ha resistido el colapso político gracias a la solidez de sus instituciones económicas, pero ese equilibrio es cada vez más precario.

La dualidad entre una economía ordenada y una política en ruinas no puede sostenerse indefinidamente. Como advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la estabilidad económica pierde sentido si no se traduce en cohesión social, confianza institucional y reducción de la desigualdad”.

El verdadero reto del próximo gobierno —cualquiera sea su signo— será cerrar esa brecha. No basta con mantener el tipo de cambio estable o una inflación baja: el desafío es reconstruir el vínculo entre economía, política y ciudadanía.

Solo entonces, el Perú podrá aspirar a algo más que resistir sus crisis: podrá empezar a superarlas.