Durante demasiado tiempo, el país ha asumido que lo que ocurre dentro de los muros de una prisión no trasciende al exterior. La realidad ha demostrado lo contrario. La crisis del sistema penitenciario y de reinserción juvenil no es un problema aislado ni reducido al hacinamiento o a la infraestructura, sino una falla estructural de gobernanza que impacta directamente en la seguridad de todos los ciudadanos.

Hoy, diversas cárceles y centros juveniles han dejado de ser espacios cerrados para convertirse, en muchos casos, en nodos operativos del crimen organizado. Desde su interior se coordinan delitos, se ordenan extorsiones y se consolidan economías ilegales. La debilidad del control estatal ha permitido que estas dinámicas se afiancen, generando inseguridad intramuros, corrupción y reincidencia, con un costo social que el país ya no puede seguir asumiendo.

Frente a este escenario, resulta evidente que no es posible enfrentar la criminalidad del siglo XXI con un diseño institucional fragmentado. La actual separación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) ha impedido una visión estratégica integral del sistema de encierro. Esta desconexión rompe la trazabilidad de las trayectorias delictivas, especialmente cuando un infractor juvenil pasa al sistema adulto, lo que limita la capacidad del Estado para gestionar riesgos y frenar la continuidad de la carrera criminal.

En ese contexto, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) se plantea como una reforma de Estado necesaria y técnicamente ineludible. No se trata de una reorganización burocrática ni de un simple cambio de siglas, sino de una transformación institucional orientada a recuperar el principio de autoridad y fortalecer la conducción estratégica del sistema penitenciario y de reinserción juvenil.

La SUNIR propone la conformación de una autoridad rectora única, técnica y especializada, que integre por primera vez la gestión penitenciaria y la resocialización juvenil bajo una misma visión de seguridad y humanidad. Esta nueva gobernanza busca cerrar los vacíos de control existentes y dotar al Estado de una conducción clara y coherente sobre los espacios de encierro.

La reforma se sustenta en ejes concretos: una gobernanza integrada que refuerce el control institucional; la profesionalización del personal, con estándares estrictos de integridad y una política de tolerancia cero frente a la corrupción; y la modernización tecnológica del sistema, incorporando herramientas de inteligencia institucional que permitan desarticular redes criminales desde el interior de los establecimientos.

El fortalecimiento del control debe ir acompañado de una política de tratamiento eficaz. La seguridad ciudadana sostenible no se logra solo con medidas de vigilancia, sino con una resocialización que deje de ser un enunciado declarativo y se convierta en una intervención real. En ese sentido, la SUNIR plantea intervenciones diferenciadas y un acompañamiento posterior al egreso, entendiendo que el abandono estatal tras la liberación incrementa el riesgo de reincidencia.

Esta propuesta se alinea con estándares internacionales como las Reglas Mandela, las Reglas de Bangkok y las Reglas de Beijing, y responde al estado de cosas inconstitucional advertido por el Tribunal Constitucional. Sin desconocer las diferencias entre el sistema adulto y el juvenil, la reforma plantea una visión común orientada a un objetivo claro y ciudadano: contribuir a la reducción del delito.

Sin una gobernanza efectiva de los sistemas de encierro no es posible una reinserción real, y sin reinserción efectiva no puede haber seguridad ciudadana sostenible. La SUNIR representa un paso decisivo para que el Estado recupere el control de las cárceles y centros juveniles y, con ello, fortalezca su capacidad de proteger a la sociedad y devolver tranquilidad a las calles.