Por Rocío Velazco C.

La reciente promulgación de la Ley 32537, que amplía por un año el plazo para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú, lejos de representar un alivio, ha encendido las alarmas entre los mineros artesanales de Arequipa.

EN AREQUIPA HAY 7 MIL EXPEDIENTES PARA FORMALIZACIÓN

Nilson Flores Suárez, vocero de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, sostuvo que la nueva normativa trae consigo exigencias imposibles de cumplir debido al colapso administrativo y la falta de gestión estatal.

“El Gobierno ha extendido el proceso hasta diciembre de 2026, pero lo hace poniendo condiciones que ni el propio Estado puede cumplir. Nos dicen que formalicemos a nuestro personal en planilla en 60 días, mientras los expedientes llevan años sin resolverse. Es una trampa legal”, advirtió Flores.

La Ley 32537 amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), herramienta que permite a los mineros continuar operando mientras completan los requisitos para su formalización. Sin embargo, la nueva norma establece que los titulares deberán regularizar a su personal en planilla y actualizar (sincerar) los datos sobre sus puntos de extracción de mineral en un plazo máximo de 60 días.

El Ministerio de Trabajo, a su vez, tiene el mismo plazo para emitir un reglamento que precise cómo se aplicará la incorporación de los trabajadores mineros en planilla. Pero, en la práctica, —según Flores— “ni el Ministerio ni los gobiernos regionales tienen capacidad para hacerlo”.

EXPEDIENTES “DURMIENDO” EN LOS ESCRITORIOS

El vocero denunció un vacío administrativo que amenaza con dejar fuera de la ley a miles de pequeños productores mineros. En Arequipa, afirma, más de 7 mil expedientes presentados por mineros artesanales están pendientes de atención en la Dirección Regional de Energía y Minas. Muchos de ellos buscan rectificar errores materiales en las coordenadas o documentación de sus áreas de trabajo, pero no han sido atendidos desde hace tres o cuatro años.

“El 100% de los expedientes en Arequipa sigue sin resolver. ¿Cómo puede el Estado exigirnos sincerar la información si ni siquiera corrige los datos que nosotros mismos pedimos rectificar? Así están convirtiendo en ilegales a personas que actúan de buena fe”, cuestionó Flores.

Para el dirigente, esta situación contradice el espíritu de la ley y criminaliza la formalización en lugar de promoverla. “Las normas deberían solucionar problemas sociales, no agravar la precariedad de quienes quieren cumplir con la ley”, agregó.

ENDURECIMIENTO PENAL Y TEMOR EN EL SECTOR

La Federación también expresa su preocupación por las recientes modificaciones al Código Penal, que endurecen las penas por minería ilegal. Los nuevos decretos legislativos establecen sanciones de hasta 12 años de prisión, además de inhabilitaciones y decomisos de equipos.

Flores advierte que estas disposiciones podrían afectar incluso a mineros formalizados o en proceso de formalización. “El problema no es solo el minero informal que evade el proceso, sino también quienes están en el REINFO y no pueden cumplir los nuevos requisitos por culpa del propio Estado. Nos ponen en la misma bolsa que a los ilegales, y eso es inaceptable”, afirmó.

El dirigente calificó las nuevas medidas como “draconianas, arbitrarias y leoninas”, y señaló que lo que el Gobierno llama lucha contra la minería ilegal “se está convirtiendo en una persecución generalizada”.

EL ESTADO EN INCERTIDUMBRE

Flores Suárez cuestionó además la falta de institucionalidad que, según dice, agrava la crisis de formalización. Mencionó que, a la fecha, el Gobierno Regional de Arequipa no ha designado un director de formalización minera, lo que paraliza la gestión de expedientes y deja en el limbo a miles de familias que dependen de esta actividad.

“Es como pedirle a un carro que avance mientras le ponen púas en el camino para reventar sus llantas. Sin dirección ni gestión, no hay forma de avanzar. Y así quieren que cumplamos requisitos en 60 días”, ironizó.

El vocero señaló que la informalidad no es producto de la mala fe de los mineros, sino de la ineficiencia estatal. “No hay técnicos suficientes, los sistemas no funcionan, las oficinas no tienen presupuesto. Esa es la verdadera causa de la informalidad. Y ahora pretenden resolverlo metiendo a la cárcel a la gente”, reclamó.

ACCIONES Y DIÁLOGO

Ante lo que consideran un atropello legal y administrativo, la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa ha decidido emprender una serie de acciones para defender los derechos de sus asociados.

Primero, elaboraron un memorial que será suscrito por todas las bases y presentado ante el Ministerio de Energía y Minas. En él, exponen los problemas técnicos y legales que impiden cumplir con las nuevas disposiciones.

Además, han solicitado formalmente una audiencia con las autoridades del sector para plantear alternativas y pedir una revisión de los plazos y procedimientos. “Nuestra prioridad es el diálogo. No buscamos el conflicto, pero si el Estado insiste en criminalizarnos, tomaremos medidas más drásticas”, advirtió.

Aunque no precisó cuáles serían esas medidas, el dirigente recalcó que la federación no avala huelgas ni protestas arbitrarias, y que cualquier acción será “proporcional y legítima, en defensa de quienes trabajan honestamente”.

En Arequipa, se estima que más de 10 mil familias dependen directamente de la minería artesanal, especialmente en provincias como Caravelí, Condesuyos y Castilla. La paralización de expedientes y el endurecimiento de las sanciones generan un clima de temor e incertidumbre.

“Lo que pedimos no es impunidad, sino reglas claras y coherentes. Si el Estado exige, también debe cumplir. No se puede pedir formalización sin institucionalidad”, enfatizó el representante del sector minero.

La situación de Arequipa se replica en otras regiones del país donde el proceso de formalización minera también enfrenta cuellos de botella burocráticos, falta de personal técnico y vacíos normativos. Expertos en derecho minero coinciden en que la prórroga del proceso solo será efectiva si se acompaña de una reforma real de gestión pública.

Mientras tanto, los mineros artesanales de Arequipa siguen esperando una respuesta que les permita trabajar dentro de la ley sin ser perseguidos por ella.

“Queremos formalizarnos, pagar impuestos, trabajar tranquilos. Pero el Estado nos pone obstáculos en cada paso. Si esto no cambia, la formalización será una ilusión más”, concluyó.